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Primero de Mayo 2023: una reflexión necesaria

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En ruta al encuentro para la conversación del liderato sindical para la celebración del 1ro de Mayo se nos ha solicitado un breve resumen del estado de situación del Movimiento Obrero en el país

Por ERASTO ZAYAS NUÑEZ Rumbo Alterno

En ruta al encuentro para la conversación del liderato sindical para la celebración del 1ro de Mayo se nos ha solicitado un breve resumen del estado de situación del Movimiento Obrero en el país.  Para redactar el mismo he recurrido a las notas preparadas para diferentes trabajos relacionados y al resumen que siempre hago al comienzo de cada año.  Estoy consciente que no todos compartirán mi perspectiva pues tengo la tendencia a ver el vaso medio vacío. Sin embargo, sentiré que habré cumplido el objetivo asignado si logro provocar la conversación que es impostergable si deseamos recuperar la pertinencia que considero necesaria.

El movimiento obrero, tradicional fuerza generatriz de muchos de los cambios sociales en el país, acusa recibo del impacto que han tenido las embestidas anti sindicales que ha logrado imponer la clase gobernante. La derogación de las leyes protectoras del trabajador, la revocación de múltiples conquistas laborales, la congelación de los convenios colectivos en el sector público, la reducción de las matrículas por efecto del achicamiento del gobierno,  y como consecuencia de lo anterior el debilitamiento financiero de los gremios, en conjunto con las diferencias reales e imaginarias prevalecientes en el liderato de los sindicatos, han dado lugar a una concentración de los esfuerzos en hacer prevalecer cada unión en particular, posponiendo la acción colectiva necesaria para aportar eficazmente a transformar la realidad prevaleciente.

Tanto el Partido Popular Democrático como el Partido Nuevo Progresista, sistemática y progresivamente han venido adoptando y poniendo en vigor, desde la década de 1970, “aquella reglamentación que facilite la acumulación privada y que controle a los sindicatos, a los consumidores y a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos” —-describe Alejandro Torres en su libro más reciente.

Se trata de ese control que se ejerce con el objetivo de establecer, sin mayor resistencia, un estado de derecho que permita a la clase que gobierna aumentar los niveles de explotación de la clase trabajadora, reducir a un mínimo los gastos del gobierno en servicios sociales, eliminar los impuestos de los ricos a expensas de aumentar los que paga la clase trabajadora, hacer legítimo el traspaso de las propiedades rentables del gobierno a empresas privadas y gobernar sin mayor respeto a los derechos democráticos alcanzados por la sociedad.

Así vemos como una Junta Dictatorial ha invalidado el poder de los funcionarios electos, tomando el control sobre aspectos que trascienden los acuerdos para el pago de una deuda no auditada, que ha sido suscrita en claro perjuicio del pueblo puertorriqueño y dirigida a garantizar la continua acumulación de riquezas por los grandes conglomerados financieros que ya habían esquilmado al país con sus préstamos usureros.

Las políticas económicas que hoy conforman el estado neoliberal puertorriqueño, a la misma vez que fueron articulándose sistemáticamente por los dos partidos de la alternancia administrativa, se acompañaron de un acondicionamiento ideológico, el uso de técnicas de psicología social y mediante la utilización de los desastres y las crisis, provocadas por actos de la naturaleza y la acción humana, para hacer más ricos a los ya poderosos económicamente. 

Es necesario al análisis coyuntural que enfrenta la clase trabajadora en el 2023 señalar la  imposición del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) como un impedimento fundamental al mejoramiento prospectivo de las condiciones de vida y empleo de la clase trabajadora. El mismo contiene recortes de servicios e impone nuevos impuestos que se suman a los crecientes aumentos de los niveles de inflación que experimenta la economía, a la vez que sostiene múltiples restricciones a las posibilidades de mejoramiento de nuestras condiciones de existencia.

Mientras tanto,  la clase trabajadora se enfrenta también a un aumento de los precios, a la continuidad del pago del IVU y a un incremento en los intereses que resultan en la reducción de su salario real. Igual impacto ha tenido el aumento en los peajes por efecto de la privatización de los expresos. En este aspecto las mercancías, ya caras por el aumento de la inflación, verán aumentar su costo por el cargo de transporte terrestre. Lo anterior sumado al aumento del gasto para llegar al trabajo.

Un factor adicional que tendremos que considerar en la realidad del 2023 es el Plan de Ajuste de Deuda de la AEE que se discute actualmente. Nada de lo que se ha publicado tiene como perspectiva reducir el costo de la energía eléctrica, lo que se suma a las altas tarifas que ya tiene la Autoridad de Acueductos. Todo lo contrario. Se prevé que el pago de dicha deuda se haga mediante un cargo adicional directamente en la factura de los clientes. Lo anterior, sin considerar a profundidad las medidas anti obreras ensayadas contra la UTIER.

La guerra en Ucrania continuará impactando el bolsillo de la clase trabajadora. Las dificultades en las cadenas de distribución de los productos, el impacto sobre la disponibilidad de los combustibles fósiles,  la carencia de múltiples productos agrícolas y la asignación de recursos económicos al sostenimiento de la misma por parte de los Estados Unidos, tendrán su impacto en nuestra realidad.

De igual manera, un factor que también debemos considerar es la persistencia de los casos de COVID y las pobres gestiones gubernamentales para la contención de la epidemia que ha depositado toda la responsabilidad de prevención y cuidado en la ciudadanía. Esta realidad se suma a la crisis de los Servicios de Salud que experimenta el país.

Tampoco podemos pasar por alto las medidas adoptadas con respecto a las pensiones y la desatención de las personas mayores en nuestra sociedad. Otro elemento que venimos obligados a considerar es la carga adicional que se le impone a la mujer trabajadora y el despunte del fundamentalismo religioso y sus ataques a los derechos de éstas, así como los prejuicios de carácter sexual.

Hay una pregunta básica que debemos formularnos al intentar reflexionar qué corresponde hacer al sindicalmente en nuestro país.  ¿Qué clase de sindicato necesitamos tener para enfrentar los retos de nuestra presente realidad laboral? El predominio de las medidas neoliberales, la presencia de la Junta dictatorial, la decisión del caso Janus,  nuestra relación colonial con los Estados Unidos, así como la persistencia de la crisis fiscal y económica del país hacen obligatorio el repensar, con mayor profundidad, la naturaleza del trabajo sindical que es necesario desarrollar en nuestra aspiración de servir los mejores intereses de la clase trabajadora.

En las pasadas dos décadas los sindicatos hemos continuado actuando como si el contrato social con la clase patronal continuara intacto. Hay que romper con ese paradigma si queremos tener una oportunidad real de transformar la dura realidad que hoy vive la clase trabajadora. La clase capitalista ha hecho trizas el contrato social y valiéndose de sus representantes políticos ha derogado las leyes protectoras del trabajo, ha legislado la imposición de severas medidas de austeridad y pretende hacernos pagar a los trabajadores la crisis que su ambición, corrupción e incapacidad administrativa han creado. Los sindicatos tenemos que hacernos y contestar una segunda pregunta. ¿Vamos a continuar actuando bajo las mismas normas y reglas que prevalecieron antes de la crisis?

Sistemáticamente y a través de la represión de las actividades de protesta, la reiterada violación de los derechos humanos, la imposición de la privatización de los bienes patrimoniales, las exenciones contributivas a extranjeros millonarios, privilegiando la acción de los desarrolladores en detrimento del medioambiente, la sistemática derogación de las leyes protectoras de los trabajadores, hasta llegar al límite de la aceptación, sin resistencia,  de la dictadura impuesta por el Congreso de Estados Unidos a través de la Junta Dictatorial, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista han logrado configurar su Estado neoliberal.

La puntual continuidad de acción en ambas facciones políticas, en la aprobación de leyes, Órdenes Ejecutivas, la adopción de medidas administrativas y las recomendaciones de consultores y organismos de corte neoliberal,  se fueron imponiendo consecutivamente y sin fricción alguna entre los populares democráticos y los novoprogresistas, desde el 1975 hasta nuestros días, según fueron delineadas por los grupos empresariales que controlan y dirigen la administración colonial,  en una clara concertación de clase.

En términos reales el país ha sido gobernado por un solo partido por el pasado medio siglo, el partido de la clase empresarial y financiera. En la puesta en práctica de su programa neoliberal no hay fisuras, ni contradicciones mayores. Quizás encontremos un desbalance numérico en el número de funcionarios atrapados en la gestiones de corrupción pero, más allá de eso,  nada diferencia significativamente a las dos facciones que integran al Partido Único Neoliberal que nos ha venido gobernando desde el 1975. 

Esta experiencia nos deja con una pregunta adicional que debe contestar el sector progresista de nuestro pueblo y esencialmente el Movimiento Obrero. ¿Ante la constancia y la consistencia del sector empresarial y financiero de nuestro país en imponer su modelo neoliberal, cómo puede explicarse que no haya sido posible, para los detractores del mismo,  oponer con igual consistencia y constancia un proyecto alterno para edificar una sociedad de verdadera justicia y equidad política, económica y social?  

Tengo el firme convencimiento de la necesidad de un Nuevo Programa de Lucha que esté atemperado a la dura realidad que enfrentamos y de la pertinencia de establecer un nuevo conjunto de reglas de juego que sea capaz de enfrentar los retos que nos plantea la realidad presente.

Es sorprendente la pasividad con que las organizaciones obreras hemos aceptado la puñalada en el costado de la sindicalización que nos significa el Plan de Clasificación y Retribución diseñado por los técnicos de la Junta Dictatorial y adoptado por la administración de turno y la sentencia de la gatillera judicial de la dictadura donde revierte las mínimas reformas a la siempre mal llamada reforma laboral.

No recuerdo de dónde obtuve la cita que sigue a continuación. Aún así me parece pertinente a esta embocadura de la discusión que debemos tener al hacer la lectura que precede. Aquí también se vale el decir que no debemos esperar grandes cambios si continuamos haciendo más de lo mismo. Debemos aspirar, como mínimo,  a celebrar un 1ro. de Mayo con una mejor comprensión de nuestra realidad y una perspectiva creativa de cómo responder a la misma.

“Los sindicatos necesitan entender que solamente superando el marco formal de las relaciones de trabajo establecidas, es decir, las negociaciones de convenio o los pactos intersectoriales, puede comenzar la recuperación de la fuerza movilizadora y de encuadre sindical. Una alianza con asociaciones, plataformas y colectivos que tienen agendas propias pero complementarias de la lucha sindical, puede iniciar el duro proceso de remontar el declive sufrido en décadas de derrotas que han provocado una fragmentación, precarización y marginalización de la mayoría de la clase trabajadora.” Juan García Alonso

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Author: Erasto Zayas Nuñez

Erasto Zayas Núñez nació en el pueblo de Santa Isabel, PR el 7 de septiembre de 1949. Realizó estudios en las escuelas públicas del país y los universitarios en la UPR Recinto de Río Piedras y la Universidad Católica de Ponce. Casado, tiene cinco hijos y es el feliz abuelo de cuatro nietos. Escribe cuentos, poesía y durante dos décadas publicó una columna de opinión en el semanario El Oriental. Ligado al movimiento obrero en su capacidad de comunicador por más de medio siglo, actualmente se desempeña como administrador de la Unión General de Trabajadores, es uno de los fundadores de la Casa de Estudios Sindicales e integrante de su Junta de Directores.

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