El expresident reclama la amnistía además de un nuevo pacto constitucional que reconozca a Catalunya como nación, mientras desde el PSOE entienden que el líder de Junts “ha abierto una vía para el diálogo”— Puigdemont exige la amnistía y un relator como “condición previa” para la investidura de Sánchez
Carles Puigdemont considera que tiene una oportunidad para entablar ahora la negociación con el Estado que lleva seis años esperando, desde aquel octubre de 2017 en el que enviaba mensajes crípticos con la puerta de su despacho abierta en señal de disposición al diálogo. Sabe, y así lo subrayan personas en las que él confía, que tiene una “oportunidad de oro”, pero también tiene muy presente que ERC ha perdido la mitad de los votos en cuatro años de pactos con el Gobierno.
Con ambas cosas en la balanza, el líder de Junts ha desbrozado este martes el camino de una negociación enmarañada, con reclamaciones previas difíciles como la ley de amnistía y un resultado que desea tan ambicioso como un pacto que reformule el encaje entre Catalunya y España. Pero, a la vez, las exhibidas ahora son unas peticiones que se alejan del “referéndum o referéndum” de 2017 y que el PSOE no ve imposibles.
En la comparecencia pronunciada en una sala del Parlamento Europeo, el expresident ha fijado, por un lado, las condiciones previas para iniciar la negociación con el PSOE. Exige el abandono de la vía judicial de un plumazo, algo que solo puede pasar por una suerte de ley de amnistía a la que el Gobierno se ha ido abriendo. También reclama un “mecanismo de verificación y mediación” para las conversaciones, es decir, aquella figura del relator que ERC exigió durante la negociación sobre la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat y que dinamitó anticipadamente la legislatura en la que Sánchez fue investido presidente del Gobierno, tras la moción de censura.
Puigdemont pide más cosas, como el reconocimiento de la legitimidad del independentismo (algo que ya consiguió ERC por escrito en la pasada investidura) o el impulso del catalán en la Unión Europea. Pero todas las anteriores son reclamaciones previas a lo que el expresident entiende que tiene que ser la gran negociación: una que solucione el fondo del conflicto entre Catalunya y el Estado abierto en 2010 con la sentencia del Estatut.
“Hoy por hoy, nada hace pensar que la necesidad de apoyo parlamentario sea suficiente como para empujar [a PSOE y PP] a un cambio histórico en el que las viejas naciones sean reconocidas”, ha asegurado Puigdemont. “¿O sí?”, se ha preguntado. “¿O realmente pueden hacer de la necesidad virtud?”.
De esta forma el líder de Junts ha tratado de tantear los límites del PSOE, con una estrategia que se basa en estirar la cuerda al máximo, sin llegar a romperla.
No es irrelevante que un día antes de esta esperada conferencia, Puigdemont promoviera un encuentro con Yolanda Díaz. Pese a que el PSOE subraya que Díaz acudió como líder de Sumar y no como vicepresidenta, la presencia de una miembro del Gobierno es un reconocimiento con interlocutor político que el expresident ha buscado sin éxito durante 6 años. Con la foto de ambos, Puigdemont puede exhibir, también ante los suyos, que las cosas han cambiado.
En el plano interno de Catalunya, con unas elecciones autonómicas que no pueden celebrarse más tarde de febrero de 2025, Puigdemont también prepara el terreno para rivalizar con ERC desde su propio terreno. El expresident quiere demostrar que es capaz no solo de negociar mejor que los de Oriol Junqueras, sino también que si la negociación no sale como esperan no le temblará el pulso para tumbar la legislatura.
“Estamos preparados por si hay elecciones”, ha desafiado. “Pero también estamos listos para una negociación que pueda culminar con un pacto histórico. La pregunta es, pues, si los dos grandes partidos españoles están preparados para negociar con nosotros, o sencillamente quieren salir del paso y obtener como sea el apoyo parlamentario para consolidar un liderazgo y desmontar el del rival”, ha lanzado.
No ven en La Moncloa ni en el PSOE, de momento, nada “inasumible” en las condiciones de Puigdemont para empezar a ahormar la investidura de Pedro Sánchez. Todo lo contrario. Salvado el detalle no menor del relator y que el ex molt honorable ha rebautizado con el término “mecanismo de mediación y verificación”, nada suena inalcanzable.
Los socialistas creen que ha habido un salto cualitativo en aras a la disposición del líder de Junts para volver a hacer política y abandonar el relato más beligerante del independentismo catalán y que se recuerda, por ejemplo, en el discurso con el que Puigdemont dinamitó el Govern de coalición con ERC.
“Transparencia, democracia y coherencia”
“Ni Estado fascista ni opresor ni cloacas. El tono es otro”, aseguran desde el entorno del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, donde la disposición a explorar las posibilidades de un acuerdo con los independentistas es máxima toda vez que consideran que Puigdemont “ha abierto una vía nítida para el diálogo”. Dicho de otro modo por un alto cargo de La Moncloa: “Ha salido del referéndum o reférendum” en el que durante años estuvo instalado y “no busca excusas para romper”.
En la calle Ferraz ven lógico que el independentismo parta de una posición de máximos, pero prefieren poner el foco en las cuatro condiciones necesarias que el propio Puigdemont mencionó para “emprender el camino de la negociación”: el reconocimiento y respeto a la legitimidad del independentismo, el abandono completo de la vía judicial contra ellos, la creación de un mecanismo de verificación y fijar como únicos límites los definidos por los acuerdos y tratados internacionales sobre derechos humanos e individuales.
Subrayan en este sentido que los dos primeros ya formaron parte de los acuerdos suscritos con ERC para la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat, como se encargó de recordar el exportavoz parlamentario en el Congreso Joan Tardá en sus redes sociales:
https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=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%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1699021879669936380&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2Fcatalunya%2Fpuigdemont-desbroza-camino-negociacion-compleja-psoe-ve-factible_1_10489647.html&sessionId=4f6b2eeb7b08ecceacc5f5eb4c48b610fa5eb52a&theme=light&widgetsVersion=aaf4084522e3a%3A1674595607486&width=550px
Los dos últimos no parecen “un obstáculo insalvable hoy en la medida en que la senda por la que ya transitó Pedro Sánchez en el anterior mandato ha dado los resultados esperados en cuanto a convivencia política y social en Catalunya”.
En todo caso, el mensaje a trasladar ante las exigencias de Puigdemont y que, añaden desde La Moncloa, también sirve para responder a las palabras de Felipe González sobre la inconstitucionalidad de una amnistía es que el PSOE se moverá siempre en los parámetros de “transparencia, democracia y coherencia”. Esto después de recordar que la alternativa a un acuerdo con Junts es “un gobierno de coalición PP-Vox”.
Tan seguros están en la fontanería del socialismo de que su estrategia es la acertada y acabará en una investidura de Sánchez que, de momento, prefieren no entrar a valorar siquiera las voces de algunos sectores del partido que ya apuntan su preferencia por una repetición electoral. Haberlas, haylas. Pero, la respuesta de los de Sánchez vuelve a ser la que explicitó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, al término del Consejo de Ministros: “Nuestra herramienta es el diálogo; el marco, la Constitución; y el objetivo, la convivencia”.
Arturo Puente El Diario.es
Puigdemont abre una negociación difícil pero no imposible
- En Junts llevan años preparándose para esta negociación y parten de una premisa pragmática: pedir al Gobierno lo que no te quiere dar, pero no aquello que no te puede dar
- — Puigdemont desbroza el camino de una negociación compleja que el PSOE no ve imposible
Toda negociación política tiene siempre algo de ‘las siete y media’, ese popular juego de cartas. Gana el que más se aproxima, pero sin pasarse, al máximo que la otra parte puede aceptar.
Eso solo ocurre, claro está, cuando todo el mundo en la mesa quiere pactar. Y siempre que tal cosa sea posible. Porque si el mínimo que uno exige está por encima del máximo que el otro puede aceptar, el acuerdo nunca llegará.
Siempre hay una alternativa: romper la negociación. Por eso los pactos solo llegan cuando el resultado para todos los negociadores es más beneficioso que no acordar.
Pero vayamos a lo concreto, a las condiciones que este martes ha puesto sobre la mesa Carles Puigdemont. El expresident catalán ha hecho públicas las líneas maestras y sus reivindicaciones para esta negociación. Ha sido un discurso interesante, donde lo más relevante no es solo lo que se exige, también lo que se deja de pedir. Aquello que queda por encima de esas ‘siete y media’ que el PSOE puede aceptar.
Puigdemont no renuncia a un referéndum ni al derecho a la autodeterminación –no lo hará jamás–, pero lo ha colocado en una segunda etapa: no como un requisito imprescindible para la investidura de Pedro Sánchez. También ha hablado de una amnistía, pero sin cerrarse a otras posibilidades con efectos equivalentes. Quiere que se acepte la legitimidad del independentismo y se abandone “la represión”. Y pide un mecanismo de seguimiento de los acuerdos y garantías, por medio de un relator.
También exige un “compromiso histórico” por parte del Estado, pero esta parte la podemos interpretar como un ejercicio retórico; Puigdemont no puede proponer otra cosa, aunque sus posturas sean más pragmáticas de lo que algunos esperaban. Es algo inconcreto, una valoración subjetiva. Es más concreto cuando habla de buscar un acuerdo compatible con la Constitución.
Que el líder de Junts dé por bueno este límite, el de la Constitución, no es un asunto menor. Porque es el mismo marco donde ha situado Pedro Sánchez cualquier acuerdo. El presidente en funciones y los demás portavoces socialistas, de forma muy medida, han respondido con el límite constitucional cada vez que les han preguntado por esa posible amnistía, que es de lo que va esta negociación. Ambas partes están aceptando un mismo marco, aunque es obvio que los límites constitucionales no se ven de la misma manera desde el PSOE que desde Junts.
Por ahora la negociación de fondo no ha arrancado aún. Y en su discurso Puigdemont dejó abierta la puerta al otro posible novio, Alberto Núñez Feijóo, que después de unos primeros coqueteos con ese partido de “larga tradición y legalidad” –como les llamó González Pons– ha decidido (al menos por ahora) dar marcha atrás.
La negociación está en sus primeros pasos. Pero uno de los escollos más importantes ha aflorado ya: no sólo está en el ‘qué’ sino en el ‘cómo’. En ese pago por adelantado que quiere Puigdemont: que la amnistía o equivalente se empiece a tramitar en el Congreso antes de que se vote la investidura de Pedro Sánchez. Algo que desde el PSOE dicen no estar dispuestos a aceptar.
Para entender esta petición en particular hay un contexto que no se puede olvidar. Que el partido de Puigdemont lleva cinco años orillado, mientras quien negociaba con el Gobierno era ERC. La rivalidad y competencia entre las dos grandes formaciones independentistas es imprescindible para interpretar no solo lo que pasó el 1 de octubre de 2017, sino también lo que está ocurriendo hoy.
En esos años de aislamiento político, Junts ha criticado duramente dos cuestiones que, a su juicio, hizo mal ERC. Que les daban gato por liebre, y de lo prometido con fanfarria (la mesa de diálogo, ponen como ejemplo) luego no quedaba casi nada. Y que buscaban soluciones individuales para sus líderes –como a su juicio fueron los indultos– en vez de una solución global al problema, como argumentan sería la amnistía: arreglar la situación no solo de Puigdemont o Comín, sino de cientos de personas más.
La eterna rivalidad dentro del independentismo, las críticas previas de Junts a ERC, en parte explican las posiciones de hoy de Puigdemont. Por eso exigieron que el compromiso de defender la oficialidad del catalán, el euskera y el galego en Europa no fuera solo una promesa: que la carta del ministro Albares pidiendo formalmente esa medida a Bruselas se presentara antes de la votación de la mesa del Congreso. Es la misma lógica –el pago por adelantado– por la que ahora quieren que la amnistía empiece a correr antes que la propia investidura.
Cumplir con ese ‘pago por adelantado’ no solo tiene sus aristas legales, sino también políticas. Porque una de las líneas rojas para el PSOE es evitar el peor escenario posible cara a una repetición electoral: que el Gobierno ceda ante Puigdemont y ni siquiera así se logre un acuerdo. Ir a nuevas elecciones en esas circunstancias sería terrible para las expectativas de Pedro Sánchez.
En Junts llevan años preparándose para esta negociación. Y parten de una premisa muy pragmática: pedir al Gobierno lo que no te quiere dar, pero no aquello que no te puede dar. Eso no significa que esta negociación empiece y acabe con una amnistía. Quieren también hablar del fondo del asunto: la situación de Catalunya y su realidad nacional. Queda la duda de qué margen tiene el Gobierno para ello, dentro de la Constitución.
Desde el lado del PSOE, el interés en pactar es sin duda muy alto. Saben que una repetición de las elecciones es un riesgo enorme porque, en el mejor de los casos, probablemente quedarían en un escenario muy similar al actual.
No creo que Junts tenga miedo a una repetición electoral. Pero eso no significa que no tengan incentivos para pactar, lo que siempre significa renunciar a las posiciones maximalistas. Si no hay acuerdo, y se repiten las elecciones, Puigdemont también puede perder esa carta tan valiosa con la que juega hoy. Si la derecha y la extrema derecha suman, no tendrá nada con lo que negociar.
AnálisisLa amnistía es solo el principio
Neus Tomàs
Esta es una semana grande para Carles Puigdemont. Lleva seis años en Bélgica. Un tiempo en el que le han dicho de todo, desde las descalificaciones que en algunas ocasiones se toma con humor a los ninguneos como el de tildarlo de “anécdota”, en definición de Pedro Sánchez. “Su palabra vale lo que vale su declaración de independencia: es papel mojado”, añadió el líder del PSOE en la entrevista que concedió a elDiario.es en la reciente campaña electoral. Ahora una vicepresidenta del Gobierno se ha trasladado a Bruselas para reunirse con él y las cámaras vuelven a enfocarle.
“He actuado siempre con la mirada larga, a medio y largo plazos. No me he dedicado a responder uno por uno todos los ataques que he recibido y recibo”, señaló Puigdemont en ‘M’explico’, el libro autobiográfico en el que a partir de sus apuntes diarios relató su visión de lo que pasó en Catalunya entre 2016 y 2018. Es consciente de que ha llegado el momento que esperaba. Y al igual que Sánchez, él también se come sus palabras tras haber proclamado que los votos de Junts no servirían para investir al candidato del PSOE. Aún no sabemos qué acabará pasando pero en su intervención de este martes mostró su disposición a hacerle presidente a partir de unas condiciones que no son fáciles pero tampoco imposibles.
El líder de Junts no reclamó para ya un referéndum de autodeterminación ni fijó fechas para su celebración (un error del que el independentismo parece haber aprendido). Ahora bien, que Puigdemont esté dispuesto a negociar, que lo está y por eso soslaya este obstáculo, no significa que el PSOE pueda dar por descontado su apoyo. Ha situado la amnistía como el punto de partida pero no se conformará solo con eso.
La cuestión es hasta dónde está dispuesto a llegar el líder socialista para amarrar los votos de Junts. Algo que, tratándose de Sánchez, solo él sabe. Es evidente que por temerario que sea no puede arriesgarse a aceptar una amnistía, ese pago por adelantado que exige el expresident para avenirse a negociar la investidura, sin asegurarse los apoyos necesarios para seguir en La Moncloa. Cosa distinta es qué podrá prometerles para que sea así y cuándo se daría a conocer. En este tipo de negociaciones, en las que la discreción es fundamental para que concluyan de manera exitosa, se acostumbran a pactar contenidos y calendarios que no siempre son públicos o que no se difunden en tiempo real.
Puigdemont subrayó en una intervención más que medida y, como es habitual en él, sin alargarse demasiado, que Junts no renuncia a la unilateralidad. Es un mensaje cuyo principal destinatario es ERC y el electorado independentista por más que pueda parecer que se lo dice al Gobierno. Al mismo tiempo aseguró que todo lo que pida va a tener cabida en la Constitución (esto sí estaba dirigido al Ejecutivo).
Los juristas ya están preparados para saltar al campo y lo que los letrados del Congreso consideraron que era un indulto general encubierto cuando los partidos independentistas lo presentaron en una proposición que ni tan siquiera se llegó a tramitar la pasada legislatura (cosa que era lo que al PSOE le convenía entonces) será la base para el texto que volverá a llevarse a la Cámara. En la propuesta inicial, redactada por los juristas Joan Ridao y Joan Queralt, ahora senador de ERC, se incluía a los policías que tenían causas pendientes. Pero Junts y la CUP lo rechazaban y acabó desapareciendo del texto que se entró en el Congreso.
Abonados a fechas históricas aunque la mayoría no lo sean y a otras simbólicas, el expresident ha esbozado su estrategia a pocos días de la celebración de la Diada, una jornada que es termómetro de la unidad independentista (en las últimas ediciones lo ha sido de la desunión) y del cabreo entre sus votantes, como bien sabe ERC. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, esta vez asistirá a la manifestación porque considera que “la presión” estará dirigida al Gobierno central. El año pasado optó por no ir y se ahorró la bronca con el argumento de que la marcha estaba planteada para ir “contra los partidos y las instituciones, no contra el Estado”. Puigdemont tiene muy presentes a los que saldrán de nuevo a la calle y de ahí una de las frases que deslizó al final de su intervención: “No hemos aguantado todos estos años para salvar una legislatura”.
Uno de los retos del PSOE es cómo negociar a dos bandas, con ERC y con Junts, sabiendo que estas formaciones siguen en una competición permanente que se agravará a medida que se acerquen las autonómicas, previstas para febrero de 2025 si Aragonès consigue su propósito de agotar la legislatura. Los republicanos se felicitan de que Puigdemont ahora se avenga a negociar con el Gobierno después de que haya despreciado todos los logros que el partido de Oriol Junqueras ha conseguido, desde la mesa de diálogo a los indultos y la reforma del Código Penal.
En su momento ya se reivindicó la presencia de un mediador (relator en argot independentista) pero el PSOE dijo que ni hablar y ERC lo aceptó. Puigdemont vuelve a reclamarlo porque es la manera de darle una mayor trascendencia a la negociación (sobre todo si se aceptase una figura reconocida a nivel internacional) y porque no solo se fía de muy poca gente sino que no se fía nada de Sánchez.
Tras escuchar al expresident, en ERC recuerdan que el acuerdo que permitió crear la mesa partía del reconocimiento de “un conflicto político” en el que ambas partes se comprometían a que las medidas en las que se materialicen los acuerdos se someterían, en todo caso, “a consulta a la ciudadanía de Catalunya”. Y en ese saco, que es el mismo al que puede recurrir Puigdemont, cabe desde recuperar el Estatut recortado por el Constitucional (la única fórmula que hasta el momento el PSOE está dispuesto a plantearse) a otras fórmulas intermedias que impliquen mayor reconocimiento y más competencias y la más improbable, la de un referéndum de autodeterminación (una opción de la que el PSOE no quiere ni oír hablar).
En ‘La redención de las provincias’, el segundo volumen de los ‘Escritos políticos’ de Ortega y Gasset, que abarca la década entre 1918 y 1928, hay un fragmento en el que, refiriéndose a “la selva política de España”, el filósofo afirma que cuando las cosas no pasan un poco todos los días es que se acumulan para pasar todas en uno. Algo de eso sucedió el 1 de octubre de 2017. Puigdemont quiere ahora llevar a cabo la negociación que entonces imploró y que no consiguió porque el Gobierno de Rajoy, por un lado, y ERC, por otro, cada uno tensando hacia sus respectivos intereses, prefirieron dejarle solo para que se estrellase. Veremos qué pasa esta vez.
La letra pequeña del pacto entre PP y Vox en Murcia que resucita el ‘agua para todos’ y diluye la violencia machista
- El acuerdo, compuesto por 30 puntos, es menos concreto que los alcanzados entre ambas formaciones en otras comunidades. Algunas de sus medidas no dependen “para nada” del Gobierno regional, señala el catedrático de Ciencia Política Ismael Crespo
- — Veto parental, supresión de subvenciones a los sindicatos y referencias vagas al Mar Menor: el pacto de PP y Vox en Murcia
Elisa M. Almagro / Erena Calvo / Elisa Reche
5 de septiembre de 2023 22:50h
Actualizado el 06/09/2023 05:30h
9
A larga distancia, sin compromiso y a largo plazo. Así podría definirse el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en la Región de Murcia. El pacto, que consiste en 30 puntos, reafirma la intención de ambas fuerzas de investir al candidato del PP y actual presidente del Gobierno, Fernando López Miras, pero lanza más dudas que respuestas sobre cómo navegarán juntos en esta legislatura. “El pacto es un brindis al sol, aquí hay una gran cantidad de puntos que son más bien reivindicaciones”, señala el codirector del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP) y catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, Ismael Crespo.
La falta de definición en el acuerdo podría ser una ventaja para ambos partidos: “El Partido Popular, que al fin y al cabo controla el Gobierno, va a tener mucha capacidad de maniobra, porque en el pacto no hay puntos que les obliguen a nada”, apunta el politólogo. Lo mismo le ocurrirá a Vox, que para el codirector del CEMOP “va a salir ganando comunicativamente, van a tener mucha libertad para dar declaraciones”.
“Baleares o Valencia tienen pactos muy concretos”, ejemplifica Crespo, que reconoce que acuerdos muy cerrados pueden ser “peligrosos”: “Obligan a las partes. En la Región este acuerdo refleja en realidad el reparto de consejerías”.
El politólogo, sociólogo y también codirector del CEMOP, Juan José Escribano, incide en que algunos puntos del acuerdo no dependen “para nada” del Gobierno regional. Es, en definitiva, “un texto para salir del paso, sin compromisos claros”. En total, concreta Crespo, “hay diez puntos más o menos que no dependen ni del Partido Popular ni de Vox, sino del Gobierno central”, como la defensa del Plan Hidrológico Nacional o dotar de recursos a la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Falta de concreción aparte, el acuerdo ofrece algunas certezas: “Agua para todos, defensa a ultranza del sector agroalimentario, la familia como centro de la sociedad o seguridad aunque sea a costa de libertad”, enumera Escribano.
Mar Menor, punto de fricción
Al Mar Menor se le dedica un solo punto, en el que ambas formaciones se comprometen a “todas las acciones ejecutivas y legislativas necesarias para su protección, con la construcción de nuevas infraestructuras que contribuyan a su conservación”. Queda por ver en qué términos legislarán los dos partidos sobre la laguna salada, un punto de fricción entre ambas formaciones durante estas negociaciones. El día en el que se anunciaron las consejerías que asumía Vox, el partido de extrema derecha votaba en contra de renovar la moratoria urbanística de la laguna. “El Gobierno Regional seguirá sin mover ficha con el Mar Menor”, vaticina Crespo.
En el documento no hay ni rastro de la violencia de género, pero tampoco de la denominada violencia intrafamiliar, un término acuñado por Vox que abarca todo tipo de agresiones en el seno de la familia. El pacto tan solo expresa la intención de ambas fuerzas de erradicar “la violencia contra las mujeres, la que sufren los niños y la violencia que sufren los mayores”.
Este asunto ha sido un punto de fricción entre ambas fuerzas, con Vox desmarcándose de numerosas protestas institucionales contra la violencia de género a nivel nacional. En la Región, el PP se desvinculó el pasado junio del partido de extrema derecha, con el portavoz del Gobierno regional Marcos Ortuño declarando que “la violencia de género existe y, evidentemente, es una lacra contra la que vamos a destinar todos los esfuerzos y recursos necesarios”.
La presidenta del colectivo LGTBI Mar Tornero se indigna porque “también a la lucha contra la violencia machista le llaman ideología; y lo que nos espera es una legislatura lamentable en cuanto a igualdad, pero ahí estaremos los colectivos tanto LGTBI como feministas para protestar”. Para Tornero, es “patético” lo que ha hecho López Miras “cediendo ante la ultraderecha, y más con la experiencia que tuvo ya con una consejera de Vox en su anterior gobierno”.
Cambio de la ley que regula la participación de sindicatos y patronal
Otro aspecto que ha dejado anonadados a los sindicatos regionales ha sido el punto 25 del acuerdo programático. Tanto UGT como CCOO de la Región expresaron el pasado martes su rechazo a la modificación de la Ley de Participación Institucional –que regula su actividad– “para promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, garantizando así un uso más eficiente de los fondos públicos”, según reza el documento.
CCOO recordó que la compensación económica que perciben los agentes sociales de la Región “no la reciben con carácter finalista, sino que es consecuencia de su participación en las distintas mesas de negociación y comisiones de seguimiento de los acuerdos firmados por el Gobierno de la Región”. El sindicato también se preguntó si este punto no deja de ser “un ejercicio de marketing político que busque manchar la imagen” del trabajo que realizan los agentes sociales.
“No sabemos exactamente la repercusión que puede tener el cambio de esa ley y por eso queremos hablar en primer lugar con el presidente de la Región. Participamos en más de 90 mesas de negociación y trabajamos por el conjunto de la sociedad en acuerdos como el pacto contra la economía sumergida”, cuenta a este periódico Santiago Navarro, secretario general de CCOO en la Región de Murcia. En todo caso, la plantilla de este sindicato está adecuada a los ingresos que reciben de los afiliados y “solo un 7% depende de nuestra participación en esas mesas”, aclara el sindicalista.
“Esto no deja de ser más que un intento de Vox de debilitar la negociación colectiva, como ha pasado en Castilla y León”, añade. En esta comunidad, el Gobierno de coalición de PP y Vox ha recortado la acción sindical y ha recibido el segundo aviso del Ministerio de Trabajo por desmantelar su organismo de mediación laboral.
La patronal murciana (CROEM) subrayó igualmente en una nota de prensa que su “representatividad viene recogida en la Constitución Española, la Ley de Libertad Sindical, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Participación Institucional de la Región de Murcia, aprobada por amplia mayoría en el Asamblea Regional en 2017”.
El veto parental, una medida que se intentó implantar sin éxito
En materia de educación repiten promesas de los populares con “la gratuidad de la educación de 0 a 3 años”, una medida incumplida desde la pasada legislatura. Los colectivos sociales vuelven a temer que desde el Ejecutivo se apruebe el veto parental, que trató de implementar la anterior consejera de Educación, Mabel Campuzano (Vox), sin éxito. Ahora, el documento asegura que defenderá “el mandato constitucional de la libre elección de centro y la Consejería de Educación garantizará la neutralidad ideológica del currículo escolar”.
“Si lo que quieren es eliminar la ideología, que saquen la religión de las aulas, que son los que adoctrinan contra los derechos de la mujer, como el aborto, y han llegado a pedir el voto para el PP en algunos casos”, señala Vladimir Solá, coportavoz de STERM-i. “El veto como tal no tiene recorrido jurídico, pero sí que tiene un preocupante recorrido social la persecución que hay contra el profesorado”, denuncia al tiempo que apunta a que el objetivo es que “no nos atrevamos a decir que hay que cuidar el medio ambiente, luchar contra la violencia de género o que la homosexualidad no es una enfermedad”. Por eso, el “problema” no es el veto, “es la coacción sistemática para que no eduquemos”. Este jueves, ha adelantado en declaraciones a elDiario.es Región de Murcia, “nos concentraremos junto a otros colectivos en las puertas de la Asamblea Regional para protestar contra el acuerdo de gobierno PP-Vox”.
Susana Navarro, portavoz de Docentes Unidos, pone el acento en que el PP “sigue sin afrontar los problemas reales de la educación de la Región, y se busca entretenimientos con los que generar necesidades inexistentes”. Y cita entre esos “problemas reales” las ratios, la salud mental, las deficitarias infraestructuras o el funcionamiento de los centros públicos. En el grueso del acuerdo, no existe ninguna mención a reforzar el personal educativo.
“La cuestión es que lo que llaman ideología es igualdad, y no es que se les permita promoverla por ley, sino que se les obliga”, reflexiona la presidenta del colectivo LGTBi Mar Tornero. “Hay leyes estatales de igualdad, y la regional LTBi en las que se establece que hay que educar en la diversidad en todos los centros educativos, y formar en este campo a profesores y funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o de la sanidad, por ejemplo”. Pero la ley es de 2016, concreta, “y no se ha estado cumpliendo, las iniciativas en este campo parten de los centros y no de la Consejería; el PP regional no ha hecho nada hasta ahora y menos todavía lo hará ahora con Vox”.
Un presidente para Transparencia y Defensor del Pueblo
Una de las pocas medidas con concreción del acuerdo es el compromiso de populares y Vox de impulsar una reforma legislativa para dotar al Presidente del Consejo de la Transparencia de las atribuciones de “Defensor del Pueblo de la Región de Murcia”, y a designar al candidato propuesto por la dirección de VOX. Este órgano, que vela por los derechos murcianos frente a la Administración, volverá tras desaparecer en 2012. Previsiblemente, se modificará la ley de Transparencia para juntas ambos organismos en uno.
Las medidas de corte económico, apunta Crespo, están importadas directamente de las promesas electorales de los populares, como la reducción del IRPF o la rebaja general del tipo impositivo del ITP. “Luego hay brindis al sol”, y cita: “Se perseguirá en todo momento la correcta y más eficiente gestión del dinero público. Esto es lo que esperamos en cualquier gobierno, sea de izquierdas o de derechas. Lo mismo ocurre con el compromiso de reducir las trabas burocráticas para ciudadanos. En resumen, han trabajado poco”.