Irene Castro / Arturo Puente El Diario.es
Feijóo pide a Sánchez que cese a Yolanda Díaz por reunirse con Puigdemont
Alberto Núñez Feijóo ha calificado este martes de “inaudito” y de “anomalía democrática” la reunión de este lunes entre la vicepresidenta del Gobierno en funciones y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, y el expresidente catalán, Carles Puigdemont, en el Parlamento europeo, donde Puigdemont es europarlamentario. El líder del PP ha lamentado que Díaz viaje a Bruselas “para intentar negociar” la investidura de Pedro Sánchez, con una persona, ha dicho, que “está condenada y buscada por la Justicia en España” y por ello ha pedido su cese. Feijóo obvia que Puigdemont aún no ha sido juzgado y por lo tanto, no está condenado.
“Si no cesa a Yolanda Díaz, el señor Sánchez es cómplice necesario de este bochorno que hemos vivido como españoles y como europeos”, ha declarado Feijóo en una entrevista en la cadena Cope. Según la normativa vigente, un presidente del Gobierno en funciones no puede nombrar ni cesar ministros.
“Es una anomalía democrática. No conozco antecedentes en ningún Estado de la UE y es una desautorización clara a la Justicia española y descrédito a la calidad democrática de España”, ha insistido. Ante el hecho de que el PP también esté dispuesto a reunirse con Junts, Feijóo ha diferenciando entre hablar y “ceder” como, a su entender, va a hacer el Gobierno en funciones. “Creo que está suficientemente claro que una cosa es hablar y otra cosa es claudicar”, ha aseverado, para insistir en que entre ambos encuentros hay una “diferencia sustancial”.
Según ha explicado, la democracia española “no acepta amnistías” porque los delitos cometidos por los condenados por el ‘procés’ fueron “contra la democracia española”, “no contra una dictadura”.
Con la sesión de investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abocada al fracaso por su falta de apoyos más allá de la extrema derecha de Vox, los focos están puestos en las conversaciones entre el PSOE y sus aliados parlamentarios de cara a un posible acuerdo que permita a Sánchez su reelección como presidente. Especialmente sensibles son las conversaciones con Junts, cuyos dirigentes ya han expresado que la amnistía es su principal exigencia de partida. El debate se antoja complejo en el fondo, por los términos de una iniciativa que supondría borrar cualquier rastro de las causas del procés; pero también en las formas, por la vía que se utilice para tramitarla. 
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La formación de Carles Puigdemont exige que esa propuesta de despenalización de las causas que derivan del octubre de 2017 se plasme en una iniciativa legislativa que esté en trámite parlamentario antes de votar a favor de la investidura de Sánchez. Es lo que Junts define como “hechos comprobables y pago por adelantado”. La estrategia es similar a la seguida en la votación para la presidencia del Congreso y la constitución de la Mesa de esa Cámara.
Entonces, la formación independentista exigió al Gobierno un resguardo firmado, sellado y compulsado como prueba de que habían solicitado al Consejo de la Unión Europea una reforma del reglamento lingüístico para que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales y de trabajo en el ámbito comunitario. Sólo entonces, los siete diputados de Junts garantizaron que apoyarían a Francina Armengol como presidenta del Congreso y propiciarían con sus votos una mayoría progresista en ese órgano.
Al estar en funciones, la ley impide al Gobierno presentar proyectos de ley, que es la vía habitual que utilizan los gobiernos para promover iniciativas legislativas. En este contexto, Junts defiende que la única vía posible para cumplir esa exigencia de “pago por adelantado” sería la proposición de ley: una fórmula prevista en la Constitución para abarcar las iniciativas legislativas de origen distinto del gubernamental y que está al alcance de cualquier grupo parlamentario o incluso cualquier diputado con la firma de otros catorce parlamentarios.
De hecho, el PSOE ha recurrido a ella en la última legislatura en varias ocasiones, aunque no sin polémica porque acorta los plazos de tramitación y, sobre todo, permite evitar los informes, preceptivos aunque no vinculantes, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. De momento, según las fuentes consultadas por este diario, los socialistas descartan aplicar esta fórmula a las posibles iniciativas de despenalización del procés. Reconocen que la vía de la proposición de ley es “viable técnicamente”, pero la consideran “inasumible” desde el punto de vista político con el Gobierno en funciones, informa Esther Palomera.
Los precedentes
Durante la última legislatura, el Ejecutivo de coalición fue ampliamente criticado por la oposición por optar por este modelo de tramitación para promover cambios legales especialmente controvertidos. Entre ellos, la aprobación de los nuevos impuestos a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas, la reforma que derogó el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del procés o la que prohibió al CGPJ hacer nombramientos en la cúpula judicial cuando, como ahora, está en funciones.
Esta última iniciativa provocó un sonado enfrentamiento con el órgano de gobierno de los jueces. 16 de sus 21 miembros suscribieron un acuerdo en el que acusaban a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar “las exigencias del principio de separación de poderes” por tramitar esa reforma de forma “urgente” y “sin audiencia de ningún tipo”. Ambos partidos –a través de la Mesa del Congreso, donde tenían mayoría– contestaron pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar. Meses después, el núcleo duro del sector conservador del CGPJ intentó sin éxito que los vocales hicieran, a iniciativa propia, un informe sobre la reforma de la sedición, también tramitada mediante una proposición de ley.
Precisamente la Mesa del Congreso será un lugar clave en caso de que esa hipotética ley de amnistía se tramitara finalmente como proposición de ley, tal y como exige Junts. En 2021, los letrados del Congreso recomendaron al órgano de gobierno de la Cámara no tramitar una ley de amnistía propuesta por ERC y Junts al considerar que suponía una “contradicción palmaria y evidente” con el artículo 62.1 de la Constitución, que impide “los indultos generales” y señala que esta medida de gracia “corresponde al rey”.
PSOE, PP y Vox siguieron el consejo de los servicios jurídicos y vetaron que la norma se pudiera debatir en el pleno. El compromiso que exigen ahora los independentistas es que en esta ocasión, la mayoría progresista de la Mesa sí califique el texto en el caso de que sea registrado y otorgue de esa forma luz verde a su tramitación. Sólo después se iniciaría el procedimiento parlamentario con la toma en consideración de la iniciativa y su posterior traslado a la Comisión competente y la apertura del plazo de presentación de enmiendas.
Es un escenario que, en todo caso, todavía se prevé lejano. Está previsto que este martes Puigdemont desvele cuáles son las prioridades y propuestas de su partido de cara a una posible negociación con el PSOE. Este lunes, el expresident de la Generalitat se reunió en Bruselas con la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, y ambos acordaron explorar “todas las soluciones democráticas” para Catalunya.
El “pago por adelantado” de Junts: una ley de amnistía impulsada desde el Congreso
Podemos apuesta por aprovechar las negociaciones de la investidura para avanzar hacia una república plurinacional
Podemos lamenta que los resultados de las últimas elecciones hayan imposibilitado articular una mayoría de izquierdas. Pero ante la posibilidad de conformar un nuevo bloque “democrático y plurinacional” observa una ventana de oportunidad para abordar en la próxima legislatura una reforma del modelo territorial y avanzar a una república con un sistema confederal o federal en el que todos los territorios se puedan sentir “cómodos”.
Yolanda Díaz y Puigdemont acuerdan explorar “todas las soluciones democráticas” para Catalunya
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“Tenemos que avanzar hacia una república plurinacional en la que la relación con otros territorios sea federal o confederal después de un debate profundo como país. El PSOE, que está acostumbrado a la política de corto plazo, no tiene un modelo en la cabeza. Es muy difícil abrir el melón del debate territorial sin reconocer que con una monarquía heredera de una dictadura franquista que tenía por lema ‘Una, grande y libre’ es muy difícil que haya territorios como Euskadi y Catalunya que se sientan cómodos con ese proyecto de país”, ha dicho la secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, en una entrevista este lunes en Radio Nacional.
La líder de Podemos ha considerado que tanto este tema como una desjudicialización del conflicto pueden ser la llave para acercar a los diferentes actores con la que tanto el PSOE como Sumar deben negociar una futura investidura. Este martes, Junts va a hacer públicas sus condiciones para esa negociación, después de que el lunes el líder oficioso de esa fuerza, Carles Puigdemont, mantuviera un encuentro en Bruselas con la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, y el dirigente de los comuns Jaume Asens.
La aritmética parlamentaria sitúa a los posconvergentes como fuerza clave para la gobernabilidad de España. Aunque este martes pondrán las condiciones sobre la mesa, tanto Junts como ERC han situado una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación como puntos de partida para desbloquear esa votación. En Podemos, donde se enteraron ese mismo lunes de la reunión que iban a mantener Díaz y Puigdemont, celebraron todos los movimientos que vayan encaminados al diálogo para allanar la investidura.
“No hay mayoría de izquierdas y eso es una mala noticia para las transformaciones pero por otro lado sí existe una mayoría plurinacional y democrática que tiene que abordar la crisis del modelo territorial. Por una solución política al conflicto entre España y Catalunya y por abordar ese modelo territorial agotado que necesita que muchos territorios, no solo Catalunya, puedan sentirse cómodos”, ha sostenido Belarra este martes.
Preguntada por la propuesta del lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, que puso sobre la mesa en las últimas semanas una convención constitucional para reinterpretar el modelo de la constitución, Belarra ha considerado que las propuestas del Partido Nacionalista Vasco (PNV) siempre intentan “cosas que no suenen muy transformadoras y problemáticas para el régimen” y ha vaticinado que “no va a ser suficiente”.
Por ello ha opuesto la necesidad de “avanzar” hacia una república “plurinacional” configurada de manera federal o confederal en la que todos esos territorios se sientan cómodos. “El PSOE tiene que tomar una decisión. Esta legislatura tiene un riesgo cierto de convertirse en una suerte de prórroga, en un gobierno de transición (…). Si no desplegamos una agenda valiente y transformadora ambiciosa es pan para hoy y hambre para mañana”, ha advertido la líder de Podemos, que ha hablado también de darle una solución a la “desjudicialización” del conflicto con Catalunya. En este sentido, para Podemos está claro que una vía como una ley de amnistía es “perfectamente constitucional” y un debate totalmente zanjado entre los juristas progresistas.
“Creo que tenemos que tener un diálogo profundo con las fuerzas políticas que tienen que poner los votos. No es solo Junts, también Esquerra Republicana o el resto de fuerzas políticas como EH Bildu y con eso armar una propuesta. Es posible y deseable para poder construir una nueva relación”, ha dicho la ministra, que cree que antes de eso el Partido Socialista debe reconocer a esos actores como interlocutores legítimos. “Hace falta el reconocimiento, la legitimación de otros actores democráticos que es algo que al PSOE le ha costado mucho. Viene de una cultura bipartidista y hemos visto que le ha costado mucho reconocer que necesitaban los apoyos de ERC y EH Bildu estos cuatro años. Es una manera problemática de afrontar un acuerdo de investidura más difícil que la de 2019”, ha insistido.
Bruselas, epicentro de la investidura
Irene Castro / Arturo Puente — Bruselas / Barcelona
La investidura de Pedro Sánchez, si recibe el encargo del rey, se votará en la Carrera de San Jerónimo, la calle de Madrid donde se encuentra el Congreso de los Diputados. Pero la clave de su negociación está a 1.500 kilómetros de distancia: en Bruselas. Los resultados del 23J dejaron claro que la llave de la gobernabilidad de España la tiene Carles Puigdemont y este lunes, tras el parón estival, se evidenció más que nunca. Yolanda Díaz sacó al expresidente catalán del ostracismo al desplazarse hasta la capital comunitaria para reunirse con el dirigente de Junts y abordar el proceso de investidura. 
“Hechos comprobables y pago por adelantado”: la negociación de la desconfianza entre Junts y el PSOE
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Puigdemont quiere gestos y, por el momento, los tiene. El primero fue arrancar a los socialistas un compromiso por escrito para impulsar las lenguas cooficiales tanto en el Congreso como en las instituciones europeas. Lo consiguió y, a cambio, inclinó la balanza en favor de las fuerzas progresistas para convertir a la balear Francina Armengol en la tercera autoridad del Estado.
El segundo ha sido la visita de Díaz en Bruselas. ¿Por qué la Eurocámara y no Waterloo, donde tiene su residencia? “Tenía que ser aquí”, señalaban desde el entorno del expresident en la Eurocámara. Puigdemont tiene precisamente una lucha con el Estado español por mantener su acta de eurodiputado, que es la que le ha protegido de la extradición con la que se enfrenta a la prisión.
La aritmética de la pasada legislatura permitió a la coalición del Gobierno en funciones obviar a Junts. La división en el antiguo espacio convergente salvó a Sánchez en algunas votaciones clave gracias al ‘sí’ de la parte más moderada representada por el PDeCAT, pero ese equilibrio de fuerzas ha saltado por los aires. Ahora necesita el ‘sí’ de los siete diputados de Junts, la fuerza política con la que ha comenzado el deshielo en las relaciones.
Pero Yolanda Díaz ha dado un paso más que los interlocutores socialistas. En su viaje a Bruselas ha conocido al expresident catalán, con el que no había tenido relación previamente. Aunque Sumar y Junts han tenido contactos desde las elecciones, la formalidad se ha culminado este lunes: “La reunión ha sido fructífera y permite establecer una relación normalizada y estable entre ambas formaciones políticas”.
Sumar y Junts, cerca en la amnistía
Desde Sumar explican que fue el propio Puigdemont quien se interesó por la visita de la vicepresidenta en funciones. Mientras que el líder de Junts niega que haya una negociación en marcha y la limita a un “diálogo”, en el equipo de Díaz sí consideran que hay una negociación en curso. “El problema es que el PSOE no ha hablado con Puigdemont de la votación de la Mesa del Congreso”, se quejan en Sumar.
En la reunión entre Díaz y Puigdemont se trataron varios temas, pero sobre todo se habló sobre la amnistía. En este momento es la cuestión que más sintonía genera entre las dos fuerzas. El exdiputado Jaume Asens hace de enlace entre ambos mundos, gracias a su buena relación con Puigdemont y los suyos. Asens, experimentado jurista, es además una de las voces que más han insistido en la constitucionalidad de una eventual amnistía.
Con todo, en Sumar saben que el olvido judicial no agota las peticiones de Junts, que quiere avanzar también en cuestiones como el catalán y, a más largo plazo, la posibilidad de celebrar un referéndum o, al menos, que se reconozca la necesidad de que los catalanes voten sobre su futuro.
El PSOE se desmarca
Puigdemont vuelve así al epicentro de la política española tras meses vagando por los pasillos de la Eurocámara sin foco más allá de días puntuales para reaccionar fundamentalmente a las noticias que afectan a su futuro judicial. El expresident catalán reaviva el nivel de popularidad que tuvo en 2017, cuando llegó a Bélgica huyendo de España, y su primera aparición en público superó el cartel de lleno en el Press Club al que se acercó incluso la prensa internacional.
A esa cita –a la que siguieron incluso persecuciones por la capital belga– se remiten en su equipo a la hora de preparar la conferencia que pronunciará este martes, en la que desvelará su visión y exigencias para una eventual investidura. La propia formación reconoce en la convocatoria que el “actual contexto político la sitúa en el centro del escenario político”.
A la capital europea se ha desplazado una delegación de ERC y de la CUP, así como de algunas organizaciones civiles independentistas. El interés de los republicanos es importante, pues ellos también son necesarios para una investidura de Sánchez.
Moncloa, sin embargo, se desmarca completamente del viaje de la vicepresidenta segunda, del que recibió información el domingo por la noche. Y también marca distancias con lo que hayan hablado Díaz y Asens en ese encuentro. En el ala socialista del Ejecutivo recalcan que tienen su propia hoja de ruta hacia la investidura.
El PP recoge cable tras levantar el veto a Junts
Y en la ecuación está Junts, partido al que incluso el PP ha levantado el veto en su pirueta para presentar a Alberto Núñez Feijóo como presidenciable a sabiendas de que es un camino fallido. “Junts es un grupo parlamentario que más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”, expresó el vicesecretario de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons.
Pero en Génova, donde escuece haberse quedado a un puñado de escaños de gobernar con el apoyo de la extrema derecha, no han dudado en criticar la reunión de Díaz con Puigdemont y han recogido cable respecto a la reunión que aspiran a mantener con Junts. “Sabemos lo que tenemos que hacer pero no lo vamos a hacer. Nos vamos a reunir con las fuerzas políticas representadas en el Congreso para decirles que las prioridades del país según nosotros y quien aspira a ser presidente del Gobierno, que es Alberto Núñez Feijóo, son la economía, la fiscalidad, los servicios públicos, la reforma de la educación, la universidad y el impulso a la Formación Profesional”, expresó el portavoz del PP, Borja Sémper.
“Yolanda Díaz no va a título particular como dirigente de una formación política porque uno no puede ser dirigente de una formación política los días pares y vicepresidenta del Gobierno los días impares”, ha arremetido el portavoz contra Díaz, a pesar de que el PP ha manifestado su voluntad de sentarse con el grupo parlamentario que, aunque desde la distancia, pilota Puigdemont.