Buenos días. Hoy compartimos nuestro análisis sobre el 2022. El balance dejado nos indica la necesidad de mayor profundidad en los análisis, mejor organización y más deseos de luchar para el 2023.
Este espacio digital ha cumplido su primer año de trabajo. Agradecemos a quienes nos leen y reaccionan. Un agradecimiento especial al compañero Angel Agosto que nos reproduce desde su periódico digital.
Que pasen un buen fin de semana y nos leemos en el nuevo año.
Luis Pedraza Leduc
Resumen del 2022 desde una mirada sindical
Pronto finaliza el año 2022. Para la clase trabajadora en Puerto Rico el balance de hechos, luchas y objetivos por alcanzar nos deja un balance no muy halagador. El 18 de enero de 2022 la Junta de Control Fiscal, JCF, anuncio mediante comunicado de prensa el plan de ajuste de deuda del gobierno central. Dicho comunicado elogiaba el apoyo a la primera versión del Plan, donde se recortaban las pensiones en un 8%, de parte del sindicato patronal American Federation State, County and Municipal Employees, AFSCME, y al Comité Oficial de Retirados, COR. A cambio del apoyo de AFSCME al plan se pacto una extensión del convenio colectivo (lo que amarra las matriculas a la sindical y les prohíbe elecciones sindicales en los talleres) y un bono especial garantizado, sujeto a aumentar la cuantía si el recaudo del gobierno central supera las expectativas. También se le garantiza al sindicato patronal representación en la Junta que fiscalizara el Fideicomiso de Pensiones.
Este plan de ajuste es pieza clave dentro del plan fiscal ya aprobado que contiene recortes de servicios e impone impuestos a la clase trabajadora. Esto significo que legislación que mejoraba las pensiones a maestros y otros servidores públicos fueran impugnadas y paralizadas por la JCF. Igual suerte ha tenido las enmiendas a la mal llamada ley de reforma laboral aprobada en el 2017 que buscaba mejorar o recuperar parte de los derechos eliminados o reducidos a los trabajadores de la empresa privada y que la Junta impugno su implantación para junio de 2022.
En el primer trimestre del año los sindicatos que agrupan trabajadores en la Corporación de Servicios Legales mantuvieron una huelga que permitió llegar a acuerdos para un convenio a los trabajadores que no son abogados. Por su parte, los abogados y abogadas siguen en la negociación que pronto entrara en su quinto año de negociación. Los camioneros, bajo amenaza de parar, obligaron a la JCF reconocer su derecho a regular las tarifas de acarreo y defender sus ingresos. La fuerza y demostración de poder de movilización de los camioneros sirvió de ejemplo de lucha a otros sindicatos que han sido muy tímidos o no han podido enfrentar la embestida de la JCF y los patronos.
Las negociaciones de convenios en el gobierno central se han limitado a aspectos económicos y no han tenido avances fundamentales durante todo el año 2022. El gobierno no ha querido negociar aspectos de deberes y funciones de los trabajadores alegando que un plan de clasificación y retribución a implantar en el 2023 resolverá este aspecto. Otros derechos y beneficios eliminados o reducidos desde 2017 han prevalecido.
Una legislación dirigida a reconocer aumentos al salario mínimo en el gobierno fue objetada por el gobernador y la JCF. El intento de ir sobre el veto del gobernador no se logro. Mientras tanto la clase trabajadora se enfrenta a un aumento en los costos de precios, al pago del IVU y a un aumento en los intereses de préstamos que resulta en la reducción de su salario real. El costo de vivir en Puerto Rico ha representado en la fuga de miles de trabajadores y profesionales que a su vez implica una merma en la mano de obra y limitación de servicios en las áreas de salud, educación, hostelería entre otros.
Para el mes de octubre los trabajadores activos y jubilados de la UPR lograron imponerse en los tribunales a los intentos de la JCF y las autoridades universitarias de desmantelar su sistema de pensiones. Este logro es significativo para los trabajadores universitarios y ejemplo para el país ya que la lucha requirió años de preparación y movilización en defensa del sistema para que estuviera en manos de los trabajadores y no al capricho de las jerarquías patronales de la UPR.
Otro plan de ajuste de deuda fue anunciado para la Autoridad de Carreteras. El mismo contempla aumento de peajes y la privatización de los expresos principales del país. Estas propuestas continuaran encareciendo el costo de las mercancías de todo tipo en el país y reduciendo el bolsillo del trabajador.
La lucha contra la privatizadora LUMA no logro que el gobernador revocara el contrato temporero para el mes de noviembre. De cara al plan de ajuste de deuda de la AEE que se discute actualmente, tanto el gobierno federal como la JCF avalan a LUMA como administrador de proyectos de energía que tienen un costo millonario para los próximos anos.
Ya en diciembre, la JCF y el gobierno implantaron el bono especial como pago al apoyo que AFSCME dio a la JCF. Por no luchar y denunciar lo injusto e ilegal de la deuda, se les compensó a los miembros del sindicato patronal con un bono de $11,000. Para el resto de los empleados públicos se les entrego un bono de $3,000. Otros sectores sindicales que no son parte del plan de ajuste del gobierno central reclamaron ser incluidos lo cual el gobierno respondió aprobando $1,000. Así termino el año 2022, con la compra del silencio, la negación a luchar y denunciar lo que representa este bono especial para el país.
Desde febrero del 2022, el espíritu nefasto de la guerra nos ha acompañado. El 2023 amenaza con un aumento en el nivel de esta guerra entre países capitalistas. La aprobación de miles de millones en la compra de armamentos para la guerra ha producido la pérdida de miles de vidas, el hambre, la migración forzada, el odio entre seres humanos, el discrimen, en fin la pérdida de la paz.