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Sahra Wagenknecht divide a la izquierda en Alemania 

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Proveniente del partido de izquierda Die Linke, Sahra Wagenknecht ha creado una nueva organización que lleva su nombre. Su actual formación política combina perspectivas económicas de izquierda con una variedad de posiciones antiinmigración propias de la derecha radical.

Lauren Stokes

Cuando Sahra Wagenknecht, miembro del Parlamento alemán, tomó el micrófono en una conferencia de prensa en octubre de 2023 para explicar por qué se iba de Die Linke (La Izquierda), dijo que debía lanzar un nuevo partido porque, sin un cambio radical, «en diez años ya no reconoceremos nuestro país». Su nuevo partido, la Alianza Sahra Wagenknecht por la Razón y la Justicia, tiene como objetivo resolver la crisis existencial de Alemania.

En un país que diseñó su sistema electoral de modo tal de desincentivar la política del carisma, nombrar a un partido político con el propio nombre constituye un acto polémico. Igualmente notable fue la decisión de Wagenknecht de abandonar la etiqueta «izquierda», término que, según aseguró, se encuentra ahora más asociado a cuestiones como las identidades de género y el antirracismo que a un compromiso con la reducción de la desigualdad social y que, por lo tanto, aleja a los votantes en lugar de atraerlos. Al llevarse con ella a otros nueve parlamentarios de Die Linke, Wagenknecht se aseguró de que su anterior partido ya no tuviera el tamaño suficiente para contar como una fracción completa en el Parlamento y perdiera así no solo los fondos federales, sino también tiempo asignado en las intervenciones parlamentarias.

Wagenknecht había formado parte de Die Linke y sus partidos predecesores desde 1989; era, sin duda, su política más destacada. Es una invitada habitual en programas de entrevistas, una escritora cuyos libros son éxitos de ventas y una usuaria experta de las redes sociales, con más de 650.000 suscriptores a su canal de YouTube. En los últimos años, cimentó su reputación sobre su disenso respecto de lo que considera dogmas hoy desacreditados de la izquierda alemana vinculados con el género, la raza, el clima, etc. Ha cultivado una imagen de sí misma como defensora de la clase trabajadora alemana, abandonada por los políticos de los partidos tradicionales. La Alianza Sahra Wagenknecht, que según las primeras encuestas de opinión podría captar hasta 20% de los votos en las elecciones nacionales [algunas recientes como Yougove le dan 10%, N. del E.], adopta un modelo que ha ganado tracción entre sectores de la izquierda en la totalidad del Norte global: economía de izquierda acompañada de una variedad de posiciones políticas propias de la derecha.

El ascenso de Wagenknecht al protagonismo político sigue el serpenteante camino de la izquierda alemana desde el fin de la Guerra Fría. A los 19 años, Wagenknecht se unió al Partido Socialista Unificado, entonces gobernante en la República Democrática Alemania. Después de la caída del Muro de Berlín, el PSU se rehizo como el Partido del Socialismo Democrático (PDS, por sus siglas en alemán). Cuando era estudiante universitaria, Wagenknecht fue elegida miembro del comité nacional del PDS y se unió a la facción marxista-leninista, la Plataforma Comunista. Tras descubrir que sus compromisos comunistas estaban ya fuera de moda en un sistema universitario que expulsaba a los docentes del campo de las humanidades provenientes de la disuelta Alemania oriental, hizo uso de su nueva libertad de movimiento y se matriculó en la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, donde escribió su tesis de maestría sobre la interpretación de Marx sobre Hegel.

Al mismo tiempo, el que había sido su país experimentaba una dura transición económica. Los políticos de la RDA pertenecientes a la Unión Cristiana Democrática-Unión Social Cristiana de Baviera (CDU/CSU) habían prometido que una rápida unificación bajo los auspicios del capitalismo conduciría a «panoramas florecientes», pero la agencia estatal creada para privatizar la economía de la Alemania oriental se encontró con una tarea imposible. La Alemania unificada debía privatizar casi 8.000 empresas que empleaban a más de cuatro millones de personas, en un momento en que muchos de sus vecinos hacían lo propio. Si bien los políticos habían anunciado que la privatización crearía ganancias de 600.000 millones de marcos alemanes, el Estado acumuló una deuda de 250.000 millones de marcos y despidió a 2,5 millones de trabajadores.

La brutal incorporación del Este a la economía capitalista creó un shock doble, cuyo rebote afectó al Oeste. Para 1997, la Alemania unificada tenía un desempleo de 11,7%, una cifra distribuida en forma desigual en el país, con 9,9% en la antigua Alemania occidental y 19,2% en la oriental. A pesar de las campañas llevadas adelante por la centroderecha en contra del regreso de los «medias rojas» del Partido Socialista Unificado a la política, el PDS obtuvo 5,1% de los votos del país en 1988, casi en su totalidad en la ex-Alemania oriental. El Partido Sociademócrata (SPD, por sus siglas en alemán), capitalizó entonces la frustración del país y ganó las elecciones.

El canciller Gerhard Schröder se asoció con Tony Blair para exhortar a Europa a adoptar la «tercera vía» frente a los desafíos de la globalización: reducir impuestos, liberar a las empresas de las regulaciones estatales, alentar el emprendedorismo e introducir programas de reinserción en el mercado de trabajo para beneficiarios de asistencia social. Sin embargo, a pesar del giro neoliberal del SPD, el PDS luchó sin éxito por presentarse como una alternativa viable debido a la larga sombra de la dictadura de Alemania oriental.

En 2001, el PDS trató de dejar atrás una de las cuestiones más divisivas en torno de esa herencia cuando emitió una declaración condenando los asesinatos perpetrados en el Muro de Berlín. «Ningún Estado debería obligar a sus ciudadanos a vivir en él cuando no quieren hacerlo», señalaba la declaración. «Cada quien tiene solo una vida y debe poder decidir dónde vivirla». Wagenknecht fue la única integrante del comité directivo del partido que se mostró contra aquella declaración y comenzó, así, a cimentar su fama de revoltosa. La declaración, sin embargo, no logró rescatar al PDS, que al año siguiente cayó por debajo del umbral del 5% de los votos requeridos para ingresar al Parlamento.

La reforma del sistema de asistencia social llegó poco después. El plan Hartz IV, de apoyo al desempleo, con el lema «Apoyo y demanda», exigía que los beneficiarios de asistencia social probaran que buscaban activamente trabajo reuniéndose en forma regular con un asesor de un centro laboral. Estos asesores tenían la potestad de quitar los beneficios a quienes se rehusaran a tomar un trabajo. A muchos miembros del SPD, la nueva política les resultó una traición a los principios partidarios de la socialdemocracia; algunos de ellos respondieron abandonando el partido y aliándose con los remanentes del PDS. La nueva alianza obtuvo 8,7% de los votos en 2005; y poco después se decidió la fusión formal en un nuevo partido. Die Linke, «La Izquierda» en alemán, se benefició con la ola de descontento que surgió tras la crisis financiera internacional y obtuvo 11% de los votos en 2009, el año en que Wagenknecht se catapultó del liderazgo partidario al Parlamento. Die Linke se mantuvo cómodo por encima del umbral de 5% durante las dos elecciones federales siguientes, si bien siguió siendo más popular en la ex-RDA que en el occidente del país.

Wagenknecht ocupó su banca en el Parlamento mientras obtenía su doctorado en Economía con una tesis sobre patrones de gasto en los hogares de Estados Unidos y Alemania, y escribía su primer bestsellerFreiheit statt Kapitalismus [Libertad en vez de capitalismo] (2012). En el libro, argumentaba que la República Federal de Alemania había perdido el rumbo desde los días del ordoliberalismo de mitad de siglo, cuando el gobierno estaba más dispuesto a intervenir en la economía y a destruir los monopolios en nombre de la competencia justa. Criticaba la respuesta alemana a la crisis del euro, que veía como prueba de que una nueva forma de capitalismo oligárquico cautivo de los mercados financieros había distorsionado el mecanismo del mercado, lo cual había llevado a la asfixia de la innovación, la desigualdad en el ingreso, el crecimiento del empleo precario y la desaparición de la clase media.

Uno de los héroes de Freiheit statt Kapitalismus es el democristiano Ludwig Erhard, que fue ministro de Asuntos Económicos de 1949 a 1963. En el libro, Wagenknecht se centra en su férrea regulación de los monopolios y de las instituciones financieras, pero su descripción de la política de Erhard es incompleta. En particular, omite mencionar sus posiciones respecto de la inmigración. No se refiere, por ejemplo, al hecho de que, en 1955, Erhard persuadió al canciller Konrad Adenauer de que reclutar a trabajadores en el exterior era una mejor solución para el exigido mercado laboral de Alemania que alentar a las mujeres casadas a ingresar en la fuerza laboral; tampoco menciona que Erhard supervisó como canciller un amplio programa de «trabajadores invitados» a mediados de la década de 1960.

Como muchos políticos alemanes de su generación, Wagenknecht no tuvo mucho que decir acerca de la inmigración hasta el verano de 2015, cuando la canciller Angela Merkel suspendió la Regulación de Dublín (que obliga a quienes piden asilo a solicitarlo en el primer país de la Unión Europea al que lleguen). Tras la suspensión, más de un millón de refugiados llegaron a Alemania en busca de asilo.

Desde esa época, la inmigración se convirtió en un punto álgido inevitable de la política alemana. El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), fundado como un partido «euroescéptico», criticó con dureza las políticas migratorias de Merkel y cosechó recompensas electorales. Sus mayores éxitos provinieron de la ex-Alemania oriental, donde la participación de Die Linke en los votos se hundió durante las siguientes elecciones, al tiempo que la de AfD crecía.

Wagenknecht criticó tempranamente las políticas migratorias de Merkel; argumentó que la canciller había recibido a refugiados sin proporcionar los recursos financieros necesarios para acogerlos en el ámbito local. Este argumento enfrentó a Wagenknecht con su propio partido, como también lo hizo su respuesta ante la pandemia de covid-19: se jactaba de no haberse vacunado y hacía campaña en contra de las vacunas y la obligación de usar mascarillas.

Los conflictos entre Wagenknecht y buena parte de Die Linke estaban a la vista de todos para la época en que publicó su libro más reciente, Die Selbstgerechten [Los autocomplacientes], en 2021. En el libro, acusa al liderazgo del partido de ignorar a los votantes de la clase trabajadora para consentir a una «clientela académica» que promueve «un lenguaje con conciencia de género y productos orgánicos costosísimos». Los activistas ambientales le resultan especialmente insufribles, en especial los Klimakleber, que se adhieren con pegamento a autopistas y carreteras como parte de protestas en busca de repercusión mediática. De manera similar, sostiene que los jóvenes activistas de Fridays for Future, organización creada por Greta Thunberg, reciben excesiva atención de los medios. Su desprecio por el activismo ambiental la alineó con la extrema derecha, que sostiene que quemar combustibles fósiles en la Autobahn [autopistas alemanas] es un derecho natural de los alemanes.

En Die Selbstgerechtenasimismo, Wagenknecht hace grandes esfuerzos por explicar la ira de la clase trabajadora frente a la inmigración. Señala que es natural que los votantes se nieguen a aumentar la asistencia social cuando la mayoría de los beneficiarios tienen «historial de migrantes», según la jerga gubernamental. No se detiene en el hecho de que los aspectos más odiados de las reformas en los programas de subsidios a desempleados con contraprestaciones se introdujeron básicamente en respuesta al desempleo en la ex-Alemania oriental, y no como respuesta a la inmigración. El Estado es perfectamente capaz de infligir sufrimiento económico a los nacidos en el país.

Wagenknecht pasa más tiempo culpando a los egresados universitarios que siguen dietas veganas por los sufrimientos de la clase trabajadora que el que destina a cuestiones como la cláusula «schwarze null» [cero negro] de la Constitución alemana, incorporada en 2009, que obliga al gobierno a mantener un presupuesto equilibrado. Las autoridades nacionales decidieron suspender la cláusula en respuesta a la pandemia de covid-19 en 2020; posteriormente, sin embargo, la norma fue reinstaurada con efectos devastadores. Como Die Selbstgerechten solo menciona la cláusula en una página, el obstáculo fundamental que impide construir viviendas accesibles, elevar el salario mínimo nacional de 12 euros por hora y crear un sistema de asistencia social más robusto y menos punitivo pasa totalmente inadvertido.

Die Selbstgerechten fue publicado poco antes de las elecciones federales de 2021, las primeras desde el retiro de Merkel después de 16 años en el poder. Se trató de un momento en el que el futuro político parecía abierto, en especial después de que el CDU/CSU y el SPD aseguraran que no armarían otra gran coalición.

Como resultado del disenso público de Wagenknecht, Die Linke obtuvo un magro 4,9% de los votos en 2021, y solo permaneció en el Parlamento porque ganó tres circunscripciones locales. Los socialdemócratas obtuvieron la cantidad de votos (25,7%) y, por lo tanto, el derecho a nombrar al nuevo canciller, Olaf Scholz, que ha seguido el modelo de Merkel a tal punto que a menudo imita su gesto más famoso, el «diamante Merkel».

Scholz negoció una «coalición semáforo» con los «amarillos» del Partido Democrático Libre (FDP, por sus siglas en alemán) –un partido favorable a las empresas que ejerció su poder en las sombras durante los primeros cuarenta y tantos años de la República Federal– y los Verdes, que ingresaron en la política electoral en la década de 1980 como un partido centrado en el activismo antinuclear y favorable a la paz, pero que posteriormente amplió sus intereses en una línea de centroizquierda.

La «coalición semáforo» arrancó con planes ambiciosos, entre ellos revisar las odiadas reformas Hartz IV. La coalición logró la aprobación de una propuesta que cambió el nombre del sistema de asistencia social al de «dinero de los ciudadanos» (Bürgergeld) –el nombre anterior se había vuelto un insulto cruel contra la clase trabajadora–, elevó el piso de los beneficios y suavizó ligeramente los requisitos laborales que habían vuelto tan punitiva la anterior versión del sistema. Pero los planes más amplios de la coalición se vieron trastocados por sucesos recientes, en especial, la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, que exacerbó todas las líneas de falla preexistentes en la política de Alemania.

La guerra llevó a Wagenknecht a tomar un conjunto de posiciones que profundizaron la división de la izquierda. Wagenknecht sostiene que Alemania debe seguir comprándole gas a Rusia y que participar en las sanciones económicas contra ese país constituye una «guerra económica sin precedentes». Considera que Alemania debe dejar de entregar armas y negociar con Rusia, y que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debe disolverse. Asimismo, ha afirmado que Alemania debe imponer un límite al número de inmigrantes provenientes de zonas de guerra, y que debe estar dispuesta a enviarlos de regreso en cuanto dejen de caer bombas. Cuando se cumplió un año de la invasión, organizó una «manifestación por la paz» en Berlín, donde argumentó que darle a Ucrania aviones de combate significaba aproximar a Alemania al riesgo de una guerra nuclear.

Los argumentos de Wagenknecht respecto del gas ruso llevaron a la renuncia de dos miembros de Die Linke como forma de protesta. Al llegar el verano de 2023 en el hemisferio norte, algunos miembros del partido se referían a ella como «la innombrable». Die Linke envió un fuerte mensaje cuando anunció la candidatura de Carola Rackete para las elecciones europeas de 2024; Rackete es conocida por su labor en Sea-Watch, una ONG que opera barcos de rescate de inmigrantes en el Mediterráneo.

Después de una serie de resultados de encuestas alentadores que sugerían que hasta 20% de los alemanes podrían considerar la posibilidad de votar por su futuro partido, Wagenknecht finalmente anunció el fin de su relación con Die Linke en octubre del año pasado. Confía en que su versión nativista de ordoliberalismo [recupera no sin tensiones la máxima de la máxima de Erhard de «prosperidad para todos», N. del E.] podría atraer a votantes que coinciden con las políticas de AfD en materia de inmigración (menos) y de importaciones de gas ruso (más), pero que no se sienten cómodos uniéndose a un partido que ha dado muestras de violencia patoteril y de un neonazismo apenas disimulado, y que propone legalizar la negación del Holocausto. También puede llegar a atraer votantes de AfD con su política económica. Si bien ambos partidos son chovinistas en materia de asistencia social, tienen visiones diferentes respecto de la manera de recaudar fondos. Ralph Suikat, tesorero del partido de Wagenknecht, es un empresario conocido por defender la imposición de mayores impuestos a los ricos, mientras que AfD exige eliminar el impuesto a la herencia y reducir la carga tributaria de los más poderosos. Wagenknecht lanzó su partido en un momento oportuno para poner a prueba su teoría electoral; las cuatro próximas elecciones en el calendario incluyen la votación para el Parlamento europeo, que suele ser una elección con baja participación en la que los votantes emiten votos en protesta, así como tres elecciones en estados antes pertenecientes a Alemania oriental.

Para cuando Wagenknecht anunció el lanzamiento del nuevo partido, una dimensión de su particular atractivo se había desvanecido: el otoño pasado, los políticos de todos los partidos se apresuraron a presentarse como favorables a una política dura respecto de la inmigración. El vicepresidente del FDP incluso esbozó la idea de volver a implementar cuotas para el número de extranjeros aceptados en determinados vecindarios urbanos.

Mientras tanto, los planes de reforma de la ley de ciudadanía que permitiría que más personas adquieran doble ciudadanía –una medida que ayudaría a muchos inmigrantes– se han visto demorados como resultado de la presión por parte de políticos de CDU/CSU para que la naturalización dependa del compromiso del solicitante con el derecho a la existencia del Estado de Israel. Sostienen que la ley es en respuesta al aumento del antisemitismo, si bien las cifras oficiales sugieren que más de 80% de los ataques antisemitas en Alemania son cometidos por activistas de extrema derecha y no por inmigrantes.

El canciller Scholz, por su parte, declaró a Der Spiegel: «Debemos volver a deportar a gran escala». Promulgó una nueva ley para lograr ese objetivo. Hizo uso de una visita de Estado a Nigeria para tratar de lograr un acuerdo para deportar a más de 10.000 nigerianos, y ha revivido la idea de centros de procesamiento en terceros países.

Si bien su fuerte condena de la inmigración ya no distingue a Wagenknecht del resto de los políticos, la diputada no tendrá dificultad en encontrar otras maneras de llamar la atención. Apoya una serie de medidas económicas que divergen de la política de la coalición semáforo, entre ellas impuestos a los millonarios para financiar el gasto social. Su popularidad refleja un descontento genuino y justificado con el statu quo. La ex-Alemania occidental se ha convertido en lo que el sociólogo Oliver Nachtwey denomina una sociedad «en un ascensor que desciende», donde la movilidad social va marcha atrás. La política climática del gobierno se centró en soluciones individuales que descargan el costo de la transición en los consumidores antes que en los productores. Y ningún partido ha logrado encontrar la forma de hablar acerca de la inmigración sin enredarse.

Los liberales europeos se están viendo forzados a lidiar con una contradicción en su abordaje de la movilidad humana: ¿en función de qué principio pueden condenar a los Estados que asesinan a las personas que tratan de dejar el territorio, al tiempo que erigen una frontera letal para quienes tratan de ingresar en su país? Wagenknecht es una de las contadas figuras cuyas declaraciones públicas son coherentes en este aspecto. Habiendo defendido en el pasado las órdenes de disparar a muerte en el Muro de Berlín, se siente igualmente cómoda con la realidad de personas que abandonan su país para morir ahogadas en el Mediterráneo.

Dado que Wagenknecht piensa con insistencia en la clase trabajadora alemana como individuos nacidos en el país antes que como trabajadores, en ningún momento se ocupa seriamente del hecho de que más de un cuarto de los residentes alemanes tiene orígenes migrantes. Pero sus críticas han sido efectivas, en parte, porque Die Linke adoptó una postura defensiva y poco equilibrada respecto de la inmigración.

Queda todavía margen para una apelación tanto al interés propio como a la solidaridad: los inmigrantes constituyen un sector vulnerable de la fuerza de trabajo cuya explotación ejerce presión a la baja sobre los salarios de la totalidad de los trabajadores.

En la conferencia de prensa en la que anunció el lanzamiento de su nuevo partido, Wagenknecht denunció el hecho de que el programa de asistencia ahora renovado como «dinero de los ciudadanos» fija un nivel de subsistencia tan bajo que las personas que lo reciben a menudo trabajan informalmente para pagar las facturas. El sistema de asistencia social alemán, en otras palabras, ha creado reglas punitivas que las personas tratan de eludir haciendo precisamente lo que ese sistema no quiere que hagan.

Una lógica similar subyace en décadas de intentos de diseñar un sistema de asilo que solo atraiga a las personas que «se van por las razones correctas» –persecución individualizada en sus países de origen– al tiempo que excluye a quienes «vienen por la razón equivocada», es decir, el deseo de obtener acceso al sistema de asistencia y al mercado de trabajo de Alemania. La coalición gobernante al mando de Scholz está procurando conseguir la aprobación de un paquete de leyes que permitiría trabajar a quienes solicitan asilo mientras esperan que se procesen sus solicitudes. Pero para lograr obtener los votos suficientes para su aprobación, el incentivo para trabajar estará, casi con certeza, diseñado de modo tal de beneficiar al empleador, por ejemplo, exigiendo que quienes solicitan asilo trabajen sin compensación monetaria o pagándoles con tarjetas de débito que solo les permitan hacer compras en lugares específicos, de modo que no puedan convertir su dinero en remesas.

No son los solicitantes de asilo quienes perjudican a los trabajadores alemanes. Son el Estado y los empleadores que obtienen mano de obra por menos que su valor de mercado explotando su condición jurídica incierta. Tomar como chivos emisarios a los inmigrantes y erosionar su dignidad no hace más que intensificar esta tendencia. Lo que queda de Die Linke tiene una oportunidad real de diferenciarse de la manada –y, tal vez, de reingresar en el Parlamento– buscando una forma efectiva de hablar acerca de la inmigración como un tema de la clase trabajadora.

Con la Alianza Sahra Wagenknecht en las papeletas para la serie de votaciones por venir, tendremos ocasión de ver si su versión del nacionalismo económico funciona como estrategia electoral. Si su apuesta es correcta y su partido logra un desempeño suficientemente bueno como para entrar en una coalición en uno de los estados de Alemania del Este, tendremos la posibilidad de ver cómo funciona como programa de gobierno.

Entonces, deberemos plantearnos otra pregunta: ¿cuenta Wagenknecht con un plan viable para remediar la desigualdad social en Alemania o tiene simplemente una habilidad impresionante para generar una lista de chivos emisarios? Si Scholz cumple su promesa de «deportar en gran escala», Wagenknecht puede descubrir que echa de menos a los inmigrantes cuando ya no estén.

Nota: la versión original de este artículo en inglés se publicó en Dissent el 01/04/2024 y está disponible aquí. Traducción: Elena Odriozola

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