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Sumar exige explicaciones sobre la «compra-venta real de armas» a Israel

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Santiago (IU) defiende en Canarias la «obligación de solidaridad» ante la negativa de PP y Vox a acoger menores

Varios diputados de Sumar impulsan una iniciativa en el Congreso para que Sánchez y sus Ministerios rindan cuentas sobre la compra y venta de armas a Israel.

MUNDO OBRERO REDACCIÓN

Desde Canarias, Santiago denuncio la insolidaridad de PP y Vox en el reparto de menores.

Diversos diputados/as del Grupo Plurinacional Sumar, con el portavoz adjunto del grupo y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, a la cabeza han registrado una batería de preguntas para que desde Presidencia del Gobierno y los ministerios competentes expliquen las graves contradicciones entre sus explicaciones e informes externos independientes sobre la realidad de la compraventa de armas a Israel desde que sus autoridades emprendieron su actividad genocida contra el pueblo palestino en Gaza.

En una iniciativa registrada esta mañana que, además de Santiago, firman los/as diputados/as en el mismo grupo Fèlix Alonso, Engracia Rivera, Tesh Sidi y Gerardo Pisarrello piden explicaciones por escrito a los responsables con competencias en el asunto, entre otras cuestiones, sobre “cuántas armas se han exportado desde España a Israel desde el 7 de octubre” y “cuántas más van a exportarse a la vista de los contratos que hay ya firmados”.

El texto registrado expone que, tal y como recogen varios medios, “España ha seguido importando armas de Israel y adjudicando contratos públicos a empresas de seguridad y defensa israelíes o a sus filiales” en nuestro país. El nuevo informe del Centre Delàs de Estudios por la Paz detalla, por ejemplo, que ‘(…) se exportaron municiones en noviembre y diciembre, pero también porque España no ha dejado de adquirir armamento de las empresas israelíes’.

El pasado mes de abril el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en el Congreso que ‘desde el 7 de octubre España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel, ninguna’.

El mismo informe del Centre Delàs destaca que el valor de estos contratos públicos es de 1.027 millones de euros desde octubre de 2023, y que, ‘a pesar de la extrema gravedad de la actuación de Israel en la Franja de Gaza, las relaciones militares de España con Israel no se han alterado de manera sustancial a partir del 7 de octubre’”.

Mientras el Gobierno asegura que no ha autorizado nuevas licencias de ventas de material militar a Israel desde octubre de 2023, parece que “no ha revocado o suspendido las ya existentes, por lo que las exportaciones se han mantenido durante varios meses más”, destaca la iniciativa registrada.

De hecho, la decisión de continuar con los envíos de armamento “sitúa a España en el quinto país de la Unión Europea que más armas y municiones ha exportado a Tel Aviv desde el 7 de octubre”. Además, tampoco se ha establecido un “embargo formal de armas sobre Israel”, una medida largamente solicitada por la relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese.

Por todo ello, la iniciativa formalizada esta mañana en el Congreso incluye también pedir explicaciones sobre “cuál es el motivo para no revocar los permisos y contratos previos al 7 de octubre, de acuerdo con las cláusulas establecidas en el reglamento de control del comercio de material de defensa” y si el Ejecutivo “planea establecer un embargo formal de armas sobre Israel”, como viene exigiendo el Grupo Plurinacional Sumar desde hace meses.

Reglamento de control del comercio de material de defensa

Para Enrique Santiago y el resto de diputados/as que firman el texto que ha impulsado “el hecho de que esas exportaciones estuviesen ya autorizadas antes del 7 de octubre no impide que se pudiera revocar el permiso, según establece el reglamento de control del comercio de material de defensa”.

Dicha normativa señala que las autorizaciones pueden cancelarse si existen ‘indicios racionales’ de que el material puede usarse en acciones ‘que perturben la paz’, que puedan ‘exacerbar tensiones’ o ‘que puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano’, entre otros preceptos.

Desde el inicio de la masacre en Gaza, “tampoco se ha suspendido la importación de material militar de Israel”. Además, “se han seguido adjudicando contratos a empresas militares israelíes, entre ellas la primera y la tercera de su sector: Elbit Systems y Rafael (PAP Tecnos es su filial en España). Rafael es una compañía pública israelí. Elbit es privada, pero tiene un vínculo muy estrecho y altamente estratégico con las Fuerzas Armadas de Israel”.

Destaca la adquisición del sistema de lanzacohetes SILAM (consorcio con Elbit) o los misiles SPIKE (PAP Tecnos, filial de Rafael), ambos publicitados como ‘probados en combate’, es decir en los territorios palestinos.

Santiago (IU) apoyó al Ministerio de Infancia en sus demandas de reparto solidario de menores

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto en el Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha dejado claro que si los gobiernos autonómicos, especialmente en las comunidades donde está al frente la derecha del Partido Popular en solitario o junto a la ultraderecha de Vox, no aceptan un “acuerdo consensuado de distribución de menores por todo el territorio, habrá que modificar la ley, eso está clarísimo; modificarla porque si la solidaridad no se puede construir voluntariamente, esa obligación de solidaridad habrá que establecerla desde el Congreso de los Diputados”.

Santiago se ha expresado así esta mañana a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa en Tenerife en relación a la posibilidad de acuerdo en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se reúne mañana en la capital tinerfeña. En este encuentro se tratará y buscarán soluciones al persistente bloqueo por parte de derecha y ultraderecha a la acogida en todo el Estado de los/as menores migrantes no acompañados llegados a las costas canarias, una situación que pone a prueba no solo la solidaridad ante este reto, sino la capacidad de la Administración autonómica del archipiélago.

El también portavoz en materia de Interior y Justicia del grupo de Sumar y en la dirección de Izquierda Unida comenzó sus explicaciones mostrando “desde nuestro grupo parlamentario toda la solidaridad con la sociedad canaria y el papel que está desempeñando de acogida de tantísimas personas que llegan a sus costas huyendo de conflictos y de la miseria en sus países, igual que nos pasó a los españoles y españolas tantas veces a lo largo de la historia, huyendo del hambre, de guerras y de tantos desastres”.

Destacó que “creemos que corresponde devolver esa solidaridad, pero no lo debe hacer solo la sociedad canaria, sino toda la sociedad española”.

Santiago incidió que “nuestra posición es clara y nuestra presencia en el Gobierno de coalición ha servido para ayudar a que los traslados de personas que llegan a través de esta ruta sean permanentes a la Península”, desde hace meses.

Advirtió sobre la “situación específica” de los menores migrantes, ya que “al estar en situación de desamparo no pueden ser trasladados sin trasladar también la tutela que corresponde a las comunidades autónomas en nuestro país”.

“Esta situación -destacó- no es ningún riesgo para la sociedad, pero puede llegar a ser insostenible desde el punto de vista administrativo para Canarias si lo hace en solitario. Estamos hablando de unas cifras que con la corresponsabilidad de todas las comunidades no suponen ningún problema para la sociedad española, ni aunque se repitan otras cifras equivalentes en los próximos meses”.

Situó el problema en el tiempo e indicó que “llevamos años buscando la solidaridad de otros territorios. En algunos casos ha sido posible, como en las comunidades donde se ha acogido a más menores procedentes de Canarias, como Cataluña y el País Vasco”. Sin embargo, advirtió de que “el resto de comunidades, especialmente las gobernadas por el Partido Popular, se niegan. Parece mentira que el PP gobierne también en el archipiélago canario y su poca solidaridad en el resto de España con su propio partido de aquí”.

Enrique Santiago apuntó que “la decisión le corresponde a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se reúne mañana, al Ministerio de Juventud e Infancia y al de Administraciones Públicas, pero por parte de nuestro grupo parlamentario toda la predisposición, si no se llega a un acuerdo, a modificar la legislación de extranjería, concretamente el artículo 35, y establecer un mecanismo de solidaridad permanente estructural para que toda la sociedad ayude a paliar esta situación”.

Brotes racistas “mínimos y estimulados”

El dirigente y diputado de Izquierda Unida se congratuló también de que “a pesar de los intentos de la derecha y, especialmente, de la ultraderecha de Vox por generar conflicto social y xenofobia, eso puede haber tenido más éxito en otros lugares, pero en Canarias no”, por lo que reiteró su “felicitación a la sociedad canaria por su solidaridad y le traslado el mensaje de que toda la sociedad española estamos muy orgullosos de cómo Canarias es comprensiva y solidaria ante esta realidad”.

Santiago mandó un mensaje de “confianza y de tranquilidad” a la población de Canarias, porque el “Estado va a ayudar al pueblo canario a que esta situación se aborde y se devuelva esa solidaridad de forma colectiva”.

Calificó los brotes racistas que se han podido producir como “mínimos y estimulados” por agitadores de ultraderecha. Santiago tiró también de ironía en su conversación con los medios al tachar de “buena noticia” que, al menos, “el PP haya cambiado de postura y ahora se vaya a abstener de ‘bombardear’ cayucos”.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto en el Grupo Plurinacional Sumar concluyó su análisis indicando que “mientras estén en el Gobierno de España y mientras que dependa también de la contribución de Izquierda Unida, en este caso desde el Ministerio de Infancia y Juventud, la solidaridad está garantizada y no hay justificación para ningún discurso xenófobo, en absoluto”.

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