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Transparencia en las escuelas privatizadas

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En tiempos en que vemos las terribles consecuencias de la escasa vigilancia del Estado en el manejo de fondos públicos, oponerse a una medida que reclama fiscalización y transparencia es, cuando menos, insensato. Mal cimentado está un proyecto educativo que reclama el privilegio de operar en la oscuridad y que rehúye la rendición de cuentas.

María de Lourdes + columnista Metro

Con la campaña digital “Jóvenes, Uniforme Completo”, los estudiantes de escuela pública han logrado dirigir la atención del país a la falta de recursos que castiga a sus escuelas. Frente a ese desamparo, choca la entrega de $40 millones a colegios privados subvencionados con el dinero que se le niega al sistema público, mediante la iniciativa, liberada de fiscalización, conocida como “Escuelas Alianza” o “chárters”. Es en ese escenario que se trae a consideración la Resolución Conjunta del Senado 424, de la que soy autora junto a las senadoras Rivera Lassén, Bernabe y Vargas Vidot, que propone algo muy sencillo: poner en pausa la privatización de la educación hasta tanto se den dos condiciones. La primera es que la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Desarrollo Económico y el de Educación certifiquen el efecto fiscal de esa iniciativa, y la segunda es que Educación rinda un informe a la Asamblea Legislativa acreditando que cumple con las obligaciones de fiscalizar esas instituciones privadas, según exigen la Ley 85 y el Reglamento aprobado a su amparo.

La Resolución Conjunta 424 no interviene con los negocios que, bajo el modelo de Escuela Alianza, ya están operando. No lesiona ningún interés, económico ni de cualquier otro tipo, que alguien pueda estar reclamando. Ni siquiera modifica los parámetros ya fijados en ley para la evaluación de esas escuelas privadas. Lo que sí persigue la medida es transparencia y verdad. No son especulativas nuestras reservas con la privatización del DE, ya fue cancelada una “chárter” por haberse concedido a un convicto de malversación de fondos; se han hecho públicos informes de evaluación que ni se acercan al cumplimiento con la ley; hay preocupaciones de familias mantenidas sospechosamente al margen de la gestión escolar, y al menos una escuela pretendió iniciar operaciones ilegalmente, sin los permisos requeridos.

En tiempos en que vemos las terribles consecuencias de la escasa vigilancia del Estado en el manejo de fondos públicos, oponerse a una medida que reclama fiscalización y transparencia es, cuando menos, insensato. Mal cimentado está un proyecto educativo que reclama el privilegio de operar en la oscuridad y que rehúye la rendición de cuentas.

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