La jueza administradora del Centro Judicial de San Juan concluyó que no existe razón para creer que la magistrada Iraida Rodríguez Castro estuviera parcializada en el caso
Por Manuel Guillama Capella El Nuevo Día
La jueza Iraida Rodríguez Castro podrá atender la vista de Regla 6 contra la representanteMariana Nogales Molinelli, luego de que Laura Liz López Roche, jueza administradora del Tribunal de San Juan, fallara en contra de la petición de la defensa para que la magistrada se inhibiera.
“Luego de examinar las posiciones de las partes y las expresiones de la Jueza Rodríguez Castro en la vista del 3 de mayo de 2023, concluimos que el contacto que tuvo la jueza al atender la solicitud de orden de registro bancario fue uno pasivo, de los que no dejan impresión alguna en la conciencia del juzgador, por lo que entendemos no está impedida de atender los procedimientos”, determinó López Roche en su resolución emitida hoy.
La defensa de Nogales Molinelli, su madre, Rita Molinelli Freytes y la corporación Ocean Front Villas, de la que ambas son oficiales, había planteado que la jueza municipal debía ser recusada debido a que había autorizado una orden de registro y allanamiento de las transacciones bancarias correspondientes a las imputadas.
De acuerdo con la jueza administradora, la defensa –compuesta por los licenciados José Andreu Fuentes, Ricardo Prieto y Frank Torres Viada– no pudo demostrar “afirmativamente el prejuicio o parcialidad de la Jueza (Rodríguez Castro)”.
La resolución también destaca que, previo a emitir la orden de registro de transacciones bancarias, Rodríguez Castro tomó juramento a un testigo y leyó una declaración jurada, pero “no tuvo ante su consideración el interrogatorio o contrainterrogatorio enérgico o fogoso de testigos por la defensa o fiscal”. Asimismo, señala que el estándar de prueba requerido para autorizar un registro y allanamiento es distinto al que se exige para encontrar causa para arresto en una vista de Regla 6.
Entre los argumentos del ministerio público, representado por los FEI Ramón Mendoza Rosario, Miguel Colón Ortiz, Leticia Pabón Ortiz y Zulma Fúster Troche, estuvo que el testigo cuya declaración jurada sirvió de base para la orden de registro, Andrés Clarke Vives, no figura entre los citados a la vista de causa para arresto.
Por su parte, la defensa adelantó, en su alegato, que como parte de la vista cuestionará la legalidad de la obtención de las planillas de contribución sobre ingresos de Nogales Molinelli, Molinelli Freytes y la corporación familiar, argumentó que López Roche también desechó.
“Es importante señalar que de la jueza concluir que las planillas fueron obtenidas ilegalmente, en una etapa tan temprana como la vista de causa probable para arresto, entendemos que su criterio no estaría comprometido para hacer la determinación legal correspondiente, siendo una controversia que traería por primera vez ante su consideración”, afirmó la jueza administradora.
“Es importante tomar en cuenta que el rol de los jueces en estas circunstancias, sumado a la amplia experiencia de estos, los coloca en una mejor posición que un ciudadano promedio, para entender la responsabilidad del rol que ejerce como garante de la justicia e imparcialidad en nuestro sistema”, agregó López Roche, quien también insistió que no existe razón para creer que, hasta el momento, Rodríguez Castro “haya incurrido en alguna actitud parcializada o impropia”.
El pasado 3 de mayo, la vista de Regla 6 contra las imputadas quedó paralizada cuando los abogados de defensa presentaron en corte abierta la solicitud de inhibición de Rodríguez Castro. La jueza municipal expresó entonces que no consideraba que existiera causa para acoger la moción, pero optó por referir la controversia a la administradora del Tribunal de Primera Instancia de San Juan y concedió hasta este miércoles para que las partes sometieran sus alegatos.
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A la legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana, su madre y la corporación de bienes raíces se les imputan en total unas 51 denuncias por delitos graves, de las cuales 24 corresponden a Nogales Molinelli, 17 a Molinelli Freytes y 10 a la empresa.
El alegato que sometió la defensa precisa que, contra la representante, 15 de las denuncias imputan reportes de ingresos menores a la cantidad real para los años de 2017 a 2021. Otras seis, en tanto, aluden a la exclusión de ingresos por concepto de alquileres de propiedades en los informes financieros presentados a la Oficina de Ética Gubernamental en 2020 y 2021, mientras las tres restantes se refieren a que Nogales Molinelli, actuando como oficial de Ocean Front Villas, reportó ingresos menores a los reales entre 2017 y 2019.