Buenos días. La semana finaliza con anuncios de vientos huracanados en cuanto a los asuntos medulares de la economía del país. Los tantos e importantes asuntos en que nuestro pueblo lucha y resiste dificultan establecer prioridades. Compartimos un análisis de la periodista Joanisabel González sobre un artículo de su propia firma, que incluimos para beneficio de todos y todas.
Desde mediados de 2019 se presentó un plan de ajuste de la deuda para la AEE que compromete la economía individual de cada abonado de la AEE, por ende el futuro del país. Y como la salvación es individual, según el manual de neoliberalismo impuesto, miles buscan alternativas para desconectarse del sistema y los diversos acreedores de la AEE tratan de asegurar el pago de la deuda.
Ahora nos dicen que quienes pagaremos más de esa deuda odiosa somos la clase media, osea, los asalariados, trabajadores, profesionales, pequeños negocios o empresas que no se han desconectado de la AEE todavía. Incluso se plantea la posibilidad de litigar parte de la deuda en lugar de negociar.
Mientras ello ocurre, se discuten planes para enfrentar la privatización secreta de las plantas generatrices, se nos cae la Universidad de Puerto Rico, la población decrece y el país parece que se nos va entre los dedos.
Todo es relativo. La lucha del pueblo se da en muchos frentes, variados y con estrategias pensadas. Pero se requieren ajustes en la mira y mayor transparencia para establecer las prioridades.
Luis Pedraza Leduc
Ultimátum de la jueza Swain a la Junta y la AEE
Reitera que quiere el plan de ajuste de la corporación pública en menos de un mes, mientras el organismo duda de la capacidad de repago y la validez de los bonos de la corporación pública
miércoles, 2 de noviembre de 2022 – 11:40 p.m.
La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain advirtió a los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal que no aceptará pedidos para aplazar el plazo para presentar el Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica y que vence el próximo 1 de diciembre.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) quedó en una posición precaria este miércoles cuando la jueza Laura Taylor Swain reiteró que interesa un Plan de Ajuste (PDA, en inglés) para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en menos de un mes y trascendió que el organismo no ha reanudado las negociaciones con los principales acreedores de la corporación pública, a pesar de una orden judicial a esos efectos.
La JSF quedó al descubierto tras tardarse una dos semanas para informar a Swain que su asesor financiero por los pasados cinco años, Citigroup Global Markets, actuará como su principal negociador en la nueva ronda de negociaciones ordenada por la jueza.
Pero también, cuando la líder del Equipo de Mediación y exjueza, Shelley C. Chapman, indicó que desde el pasado 29 de septiembre, no ha habido conversaciones sustantivas ni se han llevado a cabo las sesiones de mediación programadas para conseguir un acuerdo, incluyendo una que debió efectuarse el martes.
“Esto no es personal, pero todo es personal”, dijo Chapman a modo de disculpa para luego arremeter contra la JSF e indicar que el organismo no ha hecho su parte para sentarse a negociar. Chapman dijo que los mediadores no son “adversarios” de las partes, que no comparten lo discutido con los acreedores y que podrían servir como “aliados potenciales” para acabar con la quiebra de la AEE.
“Dos semanas se han convertido en seis”, agregó Chapman haciendo referencia al plazo que ha transcurrido desde la reconfiguración del Equipo de Mediación y las guías dadas por Swain para continuar el proceso. Acto seguido, Chapman cuestionó cómo la JSF cumplirá con la presentación de un PDA-AEE cuando no ha propuesto nada para negociar. Chapman hizo sus expresiones, a petición de la jueza Swain, durante la audiencia del mes de noviembre de los Casos de Título III de Puerto Rico. En la vista que se llevó a cabo de manera virtual y presencial, la JSF fue el blanco de los ataques y ni siquiera el gobierno, por vía de su abogado, Peter Friedman, salió en defensa del organismo.
A diferencia de la defensa vehemente que la administración de Pedro Pierluisi hizo con las pensiones durante el proceso de quiebra del gobierno central, Friedman se limitó a decir que el 60% de los puertorriqueños viven bajo el nivel de pobreza y que el PDA-AEE podría tener serios efectos para la economía local. Mientras, la aseguradora Assured Guaranty insistió en que están disponibles para llegar a un acuerdo y su contraparte National Public Finance Guaranty recordó a la jueza su moción para nombrar un síndico en la AEE.
La JSF debe presentar el PDA-AEE el próximo 1 de diciembre, al tiempo en que las partes deben continuar las argumentaciones para definir los derechos que alegan los bonistas en un litigio separado. Este miércoles, cuando Swain cuestionó lo hecho por la JSF desde el impasse en las negociaciones en septiembre pasado, el abogado principal del organismo y socio de Proskauer Rose, Martin Bienenstock, reveló que el organismo tiene preocupaciones en torno a cómo Puerto Rico pagará la reestructuración de la AEE. Indicó que los datos en poder de la JSF apuntan a que el auge en la instalación de sistemas solares en Puerto Rico es tal que el número de abonados que terminarán conectados a la AEE -y por ende, pagando el PDA- irá en picada.
Un plan que pagarán pocos
Dicho en palabras sencillas, la JSF teme que la reestructuración financiera de la AEE se haga sal y agua a medida que esta quede en las espaldas de aquellos clientes que permanezcan conectados a ese sistema, sea porque no tengan el dinero para invertir en generación eléctrica propia o residan u operen en lugares donde no pueden instalarse estos sistemas.
Bienenstock planteó que los bonistas y los acreedores pactaron un acuerdo previo a la entrada en vigor de la ley Promesa bajo supuestos que ya no fueron factibles y luego, tras nuevas negociaciones por parte de la JSF, se llegó al Acuerdo de Reestructuración (RSA, en inglés) de 2019.
Acto seguido, el abogado dijo que el RSA 2019 contenía diversas cláusulas para su terminación y el gobierno las ejerció. “Los supuestos económicos previos en los que descansaba la JSF ya no son asequibles”, agregó Bienenstock. Según fuentes de este diario, aparte del impacto financiero que tendría el aumento de prosumidores en la viabilidad del PDA-AEE, la JSF se encuentra en una encrucijada porque las propuestas para pagar esa reestructuración giran en torno a cargos que se computan por kilovatio hora (kvh) y que, en la práctica, afectarán más a ciertos grupos de abonados que otros.
En lugar de un cargo fijo mensual de $23 o $26 como se ha planteado públicamente, las fuentes explicaron que si el PDA-AEE descansa en el “cargo de conectividad” que han discutido las partes al igual que otros cargos para pagar las pensiones, por ejemplo, estos afectarán más a familias trabajadoras de clase media, profesionales, comercios e industrias que el impacto que a otros abonados como las cuentas de gobierno o municipios y los miles de abonados residenciales y organizaciones que, al presente, reciben algún tipo de subsidio de la AEE.
Oferta para quienes quieran transar
En su línea de preguntas y comentarios, Swain hacía pausas como quien escoge cada palabra para no errar. Pero fue directa cuando dijo a Bienenstock que cuando ella ordenó la continuación de las negociaciones el pasado 29 de septiembre incluyó una serie de pasos, de manera tal que el PDA-AEE se presente el próximo 1 de diciembre y haya un proceso de confirmación hacia junio de 2023.
Por ello, la jueza advirtió a Bienenstock que espera el PDA-AEE el próximo 1 de diciembre y no un pedido para retrasar los procedimientos. El abogado aseguró a la jueza que la JSF tiene toda la intención de cumplir su dictamen, y que se radicará un plan “confirmable”.
Si bien Bienenstock admitió que, hasta la fecha, no existe ningún acuerdo concreto entre las partes, salvo un acuerdo menor con el suplidor de la AEE, Vitol, también sostuvo que como parte del plan, la JSF incluiría propuestas para que ciertos bonistas o acreedores que no desean esperar por el saldo del litigio puedan aceptar una oferta de pago.
Pero, en paralelo, Bienenstock indicó que ahora la JSF ha dado peso a los “serios” alegatos que el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC,en inglés) ha hecho por casi tres años en torno a la invalidez de la deuda emitida por la AEE.
“Según el resultado del litigio, puede haber $8,300 millones más o menos en reclamaciones (en el PDA-AEE) con que lidiar”, dijo Bienenstock cuando Swain preguntó por qué la JSF tardó dos semanas en informar que Citigroup un asesor financiero “pre-existente” en el proceso de quiebra de Puerto Rico sería el negociador líder por el organismo.
A ello, Bienenstock respondió que la JSF recibió expresiones de interés informales por parte de personas y entidades a las que el organismo dio consideración antes de tomar una decisión final.
| Saludos estimado Lector: Parece que fue ayer cuando el gobernador Pedro Pierluisi y miembros de la Legislatura dieron una batalla campal por las pensiones cuando se discutía el Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central. Personas que participaron directamente de aquellas negociaciones confiaron a esta periodista que la postura decidida del mandatario y el liderato legislativo, de no recortes a las pensiones vigentes, contribuyó a que la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain confirmara tal reestructuración sin alterar los pagos vigentes a unos 167,000 jubilados del sector público. Dejo en el récord que sí hubo ajustes para los pagos o beneficios que se otorgarían a futuro, pero no se materializó el recorte promedio de 8.5% que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) negoció entonces con el Comité Oficial de Retirados (COR). Sin embargo, luego de que en marzo pasado, Pierluisi canceló el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA, en inglés) de la AEE y Swain ordenó un proceso de mediación, el gobierno parece haber adoptado una postura de “manos afuera” cuando se trata de la reestructuración de la deuda de la corporación pública, según las fuentes. Desde mayo pasado, y en ausencia de un director ejecutivo en propiedad en la JSF, tras la salida de Natalie Jaresko, ha sido el equipo de asesores de la JSF el que ha dado la cara. Y al parecer, en ese ejercicio de negociación, la JSF no ha lucido bien, sobre todo, desde el pasado 16 de septiembre, cuando al vencer el plazo para conseguir un acuerdo, la JSF puso fin a las negociaciones en torno a poco más de $12,000 millones en obligaciones de la AEE. Ayer, el organismo fiscal recibió un ultimátum por parte de Swain: cumplir con su directriz y presentar un PDA para la AEE el próximo 1 de diciembre, buscando algún entendido con los bonistas. Si ese proceso no gana tracción, dijo la jueza, entonces se vería forzada a considerar “otras opciones en la mesa” que no precisó. En apretada síntesis, faltando menos de un mes para que venza el plazo dado por Swain, la JSF tiene serias dudas acerca del impacto que el PDA-AEE puede tener en la economía de Puerto Rico. Sobre todo, la JSF sabe que ese impacto recaerá en un grupo particular de abonados de la corporación pública: los hogares de clase media que no reciben subsidios en su factura de electricidad, los comercios y las industrias. Por ello, la JSF ha preferido litigar ahora, lo que por espacio de tres años, ha pedido dirimir el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés): la invalidez y el supuesto carácter no asegurado de ciertos bonos de la AEE. Ayer, Swain también advirtió a la JSF y a los bonistas que trabajar en una reestructuración, considerando que -si se producía un fallo adverso- se apelarían las determinaciones tenía sus riesgos y que esperaba que las partes tomaran decisiones con una dosis de “realismo”. Sin embargo, el abogado de la JSF, Martin Bienenstock, se encontraba solo. El abogado del UCC, Luc Despins, dijo abiertamente que no le importaba lo que pasara a la JSF, pero objetó los señalamientos que la líder del Equipo de Mediación, la exjueza Shelley C. Chapman, hizo contra el organismo fiscal porque ello abría la puerta para señalar a otros participantes del proceso, cosa que Chapman rechazó. Al presente, la administración Pierluisi no ha hecho ningún compromiso en favor de los pensionados de la AEE. Y ayer, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), por vía de su abogado Peter Friedman, tampoco respaldó los argumentos de Bienenstock. Más bien, la declaración del gobierno pareció una formalidad. Friedman, con un tono de tranquilidad, se limitó a recordar el nivel de pobreza en que se encuentra buena parte de la población. Planteó que al presente, los hogares y comercios en Puerto Rico pagan mucho más por la electricidad que en múltiples estados en el continente y que las consecuencias serán “profundas” para la isla. Considerando datos del operador LUMA Energy, lo que suceda en la próximas semanas con la AEE, afectará 1.46 millones de clientes eléctricos en Puerto Rico por espacio de 50 años. Gracias por leer y compartir, Joanisabel |