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Un ajuste de $600 millones: se dispara la compensación de LUMA Energy debido a la inflación y la quiebra de la AEE

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Las cláusulas del pacto de privatización elevan tanto los pagos fijos como las bonificaciones a las que el consorcio tendrá derecho por espacio de 15 años

Si el contrato base de LUMA entrara en vigor en 2024, el operador devengaría más de $27 millones adicionales a lo que se acordó originalmente para su primer año. (tonito.zayas@gfmedia.com)

Manuel Guillama Capella

Por Manuel Guillama Capella

Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

Tan solo con el paso del tiempo, las obligaciones futuras que el gobierno de Puerto Rico incurrió al suscribir el contrato de alianza público privada con LUMA Energy, para la administración de la red eléctrica, han incrementado en más de $269 millones, un monto que, con toda probabilidad, continuará creciendo a lo largo de la próxima década y media como consecuencia de la inflación.

Al cálculo, habría que sumarle los pagos, ascendentes a $366 millones, que el consorcio ha recibido desde 2021, período en que la empresa ha operado bajo un contrato suplementario –vigente mientras la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) permanezca en medio de su reestructuración financiera–, sin que haya arrancado el término de 15 años por el que, inicialmente, se le cedió el manejo del sistema.

Al combinarse ambas cifras, el pago garantizado a la privatizadora habrá incrementado por, al menos, $635 millones en exceso de lo pactado originalmente.

El aumento en la compensación garantizada a la que LUMA Energy tendrá derecho tras la salida de la quiebra de la AEE responde, exclusivamente, a la cláusula de ajustes por inflación que se incluyó en el contrato y que ya supone diferencias de más de $10 millones anuales respecto a las cantidades acordadas en 2020.

La empresa y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) pactaron que, durante el primer año del contrato principal, el consorcio recibiría $70 millones, pero esa cantidad –una vez entre en vigor esa fase del acuerdo– se traducirá en, al menos, $82.4 millones, sobre la base del índice de precios al consumidor (IPC) del Departamento del Trabajo federal, que se tomó como referente para los ajustes anuales. Para el segundo año, en tanto, los $90 millones acordados superarán los $106.9 millones conforme al ajuste.

La compensación base dispuesta –que no considera los potenciales incentivos por desempeño– debía ascender a $100 millones en el tercer año, monto que, al día de hoy, equivale a $117.7 millones. El pago contractual a LUMA Energy se estabiliza a partir del cuarto año en $105 millones, pero esa cifra ya supone una ganancia de, al menos, $123.6 millones, un cambio nominal de más de $18 millones, de acuerdo con el cálculo que hizo, a petición El Nuevo Día, el economista José Alameda, que fue validado por su homólogo Ramón Cao.

El Nuevo Día solicitó entrevista a LUMA Energy para abordar este particular, pero no fue concedida.

“Inflación sin precedentes”

El contrato estipula que –en dólares de 2020– la compañía devengará una compensación de $1,520 millones a lo largo del término de 15 años. A consecuencia de la inflación registrada a la fecha, sin embargo, los desembolsos correspondientes a la compensación fija totalizarán no menos de $269 millones adicionales, para un total de $1,789 millones.

“Estamos viviendo una inflación sin precedentes en los últimos años. Es típico que estos contratos de alianzas público privadas, alrededor del mundo, contemplen estos aumentos de inflación, y no solo en el lenguaje del contrato. En las propuestas financieras que presentan a la AAPP, ya los mismos proponentes están incluyendo eso en sus evaluaciones de costos”, argumentó Fermín Fontanés Gómez, director ejecutivo de esa dependencia, que funge como administradora del contrato de operación entre LUMA Energy y la AEE.

Alameda, quien en el pasado ha estudiado las finanzas de la AEE a pedidos del Sistema de Retiro de la corporación pública, señaló que es muy prematuro proyectar cuánto se elevarán las cifras nominales que LUMA Energy cobrará según avance su contrato, aunque es predecible que los números continuarán en aumento, toda vez que 1954 fue el último año en que el IPC arrojó un resultado negativo en Estados Unidos.

El pacto con el consorcio dispone que el factor de IPC que se utilizará para computar su compensación nunca será menor a 1.00, lo que quiere decir que, incluso si en un año se produjera una deflación –una reducción en los precios generales–, su pago no se reduciría.

Impacto de la inflación sobre la compensación de LUMA (en millones de dólares)

AñoPago basePago base ajustado (sujeto a aumentos adicionales)Tope de incentivosTope de incentivos ajustado (sujeto a aumentos adicionales)
1$70$82.42$13$15.31
2$90$105.96$17$20.12
3$100$117.74$19$22.37
4$105$123.62$20$23.55
5$105$123.62$20$23.55
6$105$123.62$20$23.55
7$105$123.62$20$23.55
8$105$123.62$20$23.55
9$105$123.62$20$27.88
10$105$146.39$20$23.55
11$105$123.62$20$23.55
12$105$123.62$20$23.55
13$105$123.62$20$23.55
14$105$123.62$20$23.55
15$105$123.62$20$23.55
Totales$1,520$1,789.6$289$340.3

Cao, consultor del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, que analiza las repercusiones del Plan de Ajuste de Deuda de la AEE, recalcó que, desde la década de 2000, se ha estado registrando una merma en el consumo eléctrico debido a la combinación de la baja poblacional y la reducción en la actividad económica. Más recientemente, tanto clientes individuales como industriales han optado por recurrir a sistemas propios de generación eléctrica, reduciendo su dependencia de la red central.

“Eso significa que el consumo de electricidad generada por la AEE –ahora Genera PR–, y que se vende a través de LUMA, va a estar disminuyendo. En consecuencia, si se reduce el consumo de electricidad de la AEE, y no se reducen proporcionalmente los costos operacionales, las tarifas de los abonados van a aumentar”, alertó el experto.PUBLICIDAD

“Si aumentas las tarifas de la luz (…) vas a tener una reducción de la demanda, pero la (baja en) demanda la sentirá la AEE, que tendrá menos ingresos. Pero, a la vez, va a tener más compromisos (financieros). La AEE, con el tiempo, está teniendo más compromisos”, dijo Alameda, recordando que la corporación pública también cubre los gastos operacionales de LUMA Energy y Genera PR, que incluyen desde la nómina hasta las mejoras de infraestructura que no cuenten con otras fuentes de fondos.

La porción de ingresos que LUMA Energy podría generar a partir de sus métricas de desempeño también estará sujeta a ajustes por inflación. En el caso de los incentivos, el tope de $13 millones correspondiente al primer año está valorado hoy en $15.3 millones y, a lo largo del término contractual, ascendería a $340 millones, en lugar de los $289 millones estipulados, una diferencia de $51 millones.

El contrato de Genera PR para administrar la flota generatriz también contiene ajustes por inflación sobre su compensación base de $22.5 millones al año. La principal partida de ese acuerdo, sin embargo, se sostiene sobre posibles bonificaciones por rendimiento ascendentes a $100 millones anuales, al tiempo que contempla reducciones al pago fijo a partir del sexto año si se materializan los decomisos de unidades generatrices.

Defiende estrategia gubernamental

A la pregunta de si el gobierno pudo haber negociado mecanismos para mitigar el impacto de las tasas deinflación –como aumentos escalonados fijos o topes a los ajustes de año a año–, Fontanés Gómez planteó que se trata de controles que también suponen riesgos para el fisco.

“Cuando uno ve lo que ha ocurrido, uno puede pensar que un tope sería razonable. Pero son cosas que se negocian y, de repente, a lo mejor uno cuadra un número específico y, al año siguiente, la inflación es menos y uno termina sobrepagando. Utilizar una figura neutral, que fue lo que hicimos, que no la controla el privado ni nosotros, (sino que) estamos mirando a los mercados para atender los números, era la negociación que entendimos era la correcta”, dijo, al aludir a la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania y los disloques en las cadenas de suministros como factores que se han conjugado para disparar la inflación en los últimos años.

Entre 2021 y 2023, según la economía de Estados Unidos rebotó luego de la fase más crítica de la pandemia, el IPC aumentó a tasas de 4.7%, 8.0% y 4.0%, respectivamente.

“Si basándome en los aumentos de los últimos 10 años es de esperar que (la inflación) sea de 3% o algo así, yo no voy a pretender que no me des ni un centavo de inflación. Pero podemos negociar porque, si se dispara algo fuera de control y el aumento es de 25%, ¿me vas a impactar a mí con ese 25%? Todos los contratos del mundo dependen de la buena fe de la gente que va a negociar y, más que eso, de la posición en la que negocies. Si no tienes fuerza para negociar nada, estás a la merced de lo que quiere la otra parte”, afirmó, por su parte, el catedrático retirado en Administración Pública Mario Negrón Portillo.

Pendiente una negociación adicional

Si bien el Plan de Ajuste de la AEE comenzará a ventilarse este lunes en la sala de la jueza federal Laura Taylor Swain, Fontanés Gómez aclaró que, incluso de materializarse la confirmación en las próximas semanas, la salida del contrato suplementario de LUMA Energy y la activación del pacto principal estarán sujetas a negociaciones que comenzarían una vez la sentencia advenga final y firme, lo que supone aguardar a la resolución de cualquier trámite apelativo.

Bajo el contrato suplementario –también ajustado por inflación sobre una base de $115 millones anuales–, LUMA Energy devengó $117 millones en el año fiscal 2021-2022 y $121.1 millones en el 2022-2023, al tiempo que se presupuestaron $128.6 millones para el 2023-2024, para un total de $366.7 millones.

“Yo me imagino que, dependiendo de la fecha exacta en que (el plan) se confirme, nos sentaremos con LUMA y se seleccionará una fecha de comienzo que haga sentido para todas las partes. No será una transición abrupta”, dijo Fontanés Gómez, al aceptar que esa negociación podría procurar, por ejemplo, que el proceso coincida con el inicio de un nuevo año fiscal.

“Si pasara algo así, sería lo más lógico, si hay que esperar 30 o 60 días, porque entonces entra con un presupuesto nuevo y, además, hay que ver qué ocurre con el Plan de Ajuste y cuáles van a ser las responsabilidades de las partes una vez se finalice”, acentuó el jefe de la AAPP.

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ACERCA DEL AUTOR

MANUEL GUILLAMA CAPELLAmanuel.guillama@gfrmedia.com

Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico.

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