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Un frente amplio en defensa de nuestra Universidad

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El traspaso de los fondos públicos que pagamos los contribuyentes, la clase asalariada del país en mayoría, se dirige hacia el pago de una deuda ilegal en un esquema fraudulento que debe ser detenido

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El 20 de enero de 1966 la legislatura de Puerto Rico aprobó la Ley de Asignación de Fondos a la Universidad de Puerto Rico, conocida como la Ley Núm. 2 de 1966, según enmendada. Esta legislación establece que el Sistema de la UPR recibirá el 9.6% de los ingresos del Fondo General del estado, según los presupuestos de los dos años previos. Aunque la Ley 2-1966 no se ha anulado, desde la aprobación de la Ley 66-2014, y luego, tras la imposición de la JCF, se ha hecho caso omiso de lo que establece la ley.

Al aprobarse la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 66-2014, esta determinó que sobre las aportaciones a la Universidad de Puerto Rico los gastos de funcionamiento se mantendrían en $834 millones, o sea 8.7% del presupuesto recomendado para el año fiscal 2014-2015. Esta ley congeló las fórmulas que determinarían, de otra forma, el presupuesto de las entidades autónomas (UPR y municipios). Aunque a la Universidad de Puerto Rico le hubiese correspondido un aumento en su presupuesto de $70 millones, se congeló esta cantidad alegando que la situación fiscal del país lo ameritaba.

En la exposición de motivos de la Ley 66-2014 se expresa, “No obstante, esta Asamblea Legislativa entiende que una reducción neta adicional en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, para hacerlo cónsono a las reducciones en las tres Ramas de Gobierno, haría un daño irreparable a la Universidad, incluyendo a su matrícula, cumplimiento con su deber educativo y sobre todo su viabilidad fiscal. Esto, debido a experiencias recientes con reducciones presupuestarias y aumentos en los costos al estudiantado, que tuvieron consecuencias nefastas sobre la institución. Esta Asamblea Legislativa entiende que una reducción presupuestaria a la Universidad, por sus características particulares, sería fiscalmente contraproducente y dañino a la economía del país, por lo cual la ley no incluye la Universidad de Puerto Rico en el recorte uniforme que abarca a las tres ramas del Gobierno Central.”

Se ha estimado que si se siguiera la fórmula presupuestaria establecida en la Ley 2-1966, dado el aumento en el Fondo General de los pasados años, el presupuesto asignado por el gobierno a la UPR debería rondar los $1,200 millones. Sin embargo, los números que se han propuesto para este año van desde $440 millones a $602 millones. Desde el 2015, se estima que la UPR ha dejado de ingresar $2,500 millones por las violaciones a la fórmula presupuestaria.

Es decir, que el daño que la Ley 2-1966 advirtió en su exposición de motivos está ocurriendo. Afectar la educación superior mediante un recorte de fondos a la UPR tiene un efecto directo en otras áreas del desarrollo económico del país y los servicios al pueblo. Sobre este punto, María del Mar Rosa Rodríguez, presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) nos dice, “La reducción en el presupuesto de la UPR no es otra cosa que un mecanismo para desmantelar el sistema público de enseñanza superior. La UPR no puede sostenerse con mitad de su presupuesto. El ataque a la UPR, además, no es solo un ataque a la universidad del estado, sino también a la salud de este país, porque afecta a Centro Médico y al Recinto de Ciencias Médicas, es un ataque a la agricultura del país, porque afecta a las Estaciones Experimentales Agrícolas y los servicios que les ofrecen a los agricultores. La UPR es una de las instituciones que sostiene este país y que puede aportar a su calidad de vida y su desarrollo económico”.

Si tomamos en cuenta las disciplinas de estudio e investigación que hace la UPR nos damos cuenta que la calidad de vida y desarrollo socio económico del país depende del fortalecimiento de la UPR. Así lo expresó la legislatura del país al aprobar la Ley 2-1966 y refrendó en la Ley 66-2014 al congelar la cantidad asignada sin reducirla según otras ramas de gobierno. Pero llegó la Ley PROMESA en 2016. Constituida la Junta de Control Fiscal, JCF, desde 2017 en adelante, esta ha estado interviniendo en contra de la UPR sobre una base ideológica dirigida a menospreciar toda actividad pública y preferir lo privado.

La JCF no ha respetado los procesos de negociación colectiva, ha atacado el sistema de retiro y pensiones para desmantelarlo y propiciar un sistema de ahorros privado, intenta inmiscuirse en el contenido de la enseñanza, y ha reducido el presupuesto de la UPR a menos de la mitad lo cual hace inoperante e ineficaz ciertas actividades en la UPR.

Las estructuras de dirección de la UPR han colaborado desde 2017 para acá con la JCF. Recordamos que bajo la presidencia de Uróyoan Walker Ramos, 2013-2016, se creó un frente universitario para defender el presupuesto de la UPR y se realizó una gran movilización de todos los recintos ante la legislatura. La Junta de Gobierno de la UPR retiró la confianza a Walker Ramos y desde entonces la historia es otra.

Hoy vuelven a juntarse en un frente amplio las organizaciones universitarias para la defensa de la UPR. Su primer reclamo es que se respete la formula de la Ley 2-1966. Las estructuras de gobierno de la UPR no participan de este frente. Parecería que les interesa destruir la UPR. La realidad es que coinciden en la opinión de la JCF de que todo lo privado es superior a lo público.

Lo que está detrás de la reducción de los fondos de la UPR es la apropiación de fondos públicos por parte de la JCF para traspasarlos al sector privado mediante el pago de la deuda. Así ha sido con todas las reducciones en cada agencia de gobierno. Lo que se reduce o se elimina en presupuesto pasa a la caja de fondos dirigido a pagar la deuda a los bonistas, que es ilegal, mediante los planes de ajustes (COFINA, Gobierno Central, Retiro, ACT y otros). Estos planes de ajuste nos imponen a los ciudadanos más impuestos y reducen nuestros ingresos. La UPR, que no debe estar en la jurisdicción de la JCF, no se escapa de esta visión neoliberal ya que afectando la UPR se limita el alcance del conocimiento y las investigaciones. Así la JCF contribuye con la fuga de talentos y va creando las condiciones para el Puerto Rico que los bonistas desean.

El traspaso de los fondos públicos que pagamos los contribuyentes, la clase asalariada del país en mayoría, se dirige hacia el pago de una deuda ilegal en un esquema fraudulento que debe ser detenido. Es una especie de lavadora del dinero del país para hacerlo llegar a los bonistas que de otra manera no lo obtendrían. Es por ello que el frente amplio tiene que ser más amplio que las organizaciones universitarias. Tiene que ser un frente tan amplio como la diversidad del país. Todas las organizaciones sociales y políticas, la ciudadanía en general, debemos cerrar filas en defensa de la Universidad de Puerto Rico. En defensa del conocimiento, en defensa de los servicios públicos, en defensa del desarrollo social y económico del país, en defensa del país que queremos.

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