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Una alianza para acabar con las alianzas coloniales

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En las elecciones de 1932, el Partido Nacionalista actuó en sincronía con el comité local del Partido Socialista en Guánica para dar un golpe a la gran alianza de los partidos coloniales y al poder político de Estados Unidos. Fue la unión electoral del nacionalismo con el socialismo

Por milagros reyes Claridad

El 6 de marzo de 1924, los autoproclamados «partidos históricos» de Puerto Rico, el Partido Unión (abuelo del Partido Popular) y el Partido Republicano (abuelo del Partido Nuevo Progresista), anunciaron una tregua en sus hostilidades sobre el estatus. La solución que propusieron fue una Gran Alianza Puertorriqueña que dejara de lado el tema de la relación con Estados Unidos y concentrara sus esfuerzos en lograr el autogobierno para reformar la colonia. El anuncio se hizo con una solemnidad impresionante. Era una «tregua de Dios», según los líderes colonialistas Antonio R. Barceló y José Tous Soto. Dios mismo estaba detrás de los esfuerzos. En 1924 se inicia, pues, el bipartidismo en la política puertorriqueña, supuestamente de la mano divina.

Albizu Campos, que militaba para esos días en el Partido Unión, hizo algunos señalamientos incisivos. Si se trataba de la creación de la Alianza puertorriqueña, ¿por qué se excluyó al Partido Nacionalista y al Socialista? Más se parecía todo esto a una alianza de los poderosos en contra del separatismo y el socialismo que a un esfuerzo por unir al pueblo de Puerto Rico. Él la llamó la «dictadura de la plutocracia». Santiago Iglesias Pantín la bautizó una «poca vergüenza del Diablo».

No sería la última vez que el Partido Nacionalista buscara actuar en sincronía con el Partido Socialista, en particular con sus comités locales, para romper la alianza de la plutocracia por medios electorales. En 1924 se cuajó una alianza histórica de los partidos coloniales con el poder político de Estados Unidos para enmascarar el coloniaje, concluyó don Pedro. Los partidos principales abandonaron toda aspiración a un sistema electoral independiente para Puerto Rico. Lo hicieron precisamente entregando la totalidad del poder electoral al gobernador colonial. Cedieron algo que no les pertenecía: la aspiración genuina del Pueblo de Puerto Rico a un sistema electoral estable y confiable. Fue una traición que marcaría nuestra historia hasta el presente.

A pesar de las expresiones de Santiago Iglesias Pantín, el liderato socialista no tardaría en plegarse a los designios del imperio y entrar en el juego de las alianzas colonialistas. Albizu comprendió que para quebrar el matrimonio del «dios» colonial con el Diablo, había que introducir una estrategia electoral completamente distinta. El objetivo fundamental era alcanzar la mayoría en los comicios para proclamar, inmediatamente, la Convención Constituyente.

Esto no habría de lograrse sin arrebatarle previamente al gobernador el poder absoluto sobre los procesos electorales, algo consagrado por la Ley Jones y la Ley Electoral de 1919. Juan Antonio Corretjer llamó a esto una «estrategia electoral revolucionaria». Arrebatándole al gobernador el poder de decidir los resultados electorales, o sea, quebrando el mecanismo de la Junta Insular de Elecciones creada en 1919, la cuestión del poder quedaría directamente planteada en las elecciones coloniales.

Ese fue el gran mérito de la participación electoral del Partido Nacionalista entre 1930 y 1934. Las elecciones de 1932 marcaron, según Albizu, un hito en la historia electoral de Puerto Rico: «Por primera vez durante la intervención militar yanqui, estuvo en manos de los portorriqueños ser los únicos árbitros del resultado electoral». Y la aspiración a un sistema electoral estable y desarrollado era una aspiración primordial de la nación puertorriqueña y de toda Suramérica.

Hasta ahí llegó la tolerancia del imperio con el nacionalismo. Cierto es que el Partido Nacionalista solo obtuvo el 1,37 por ciento del voto total para comisionado en Washington en las elecciones del 8 de noviembre de 1932. Pero la organización había logrado algo muy importante: posicionarse como un actor fundamental en un futuro proceso electoral que no estuviera controlado por el imperio y su representante local, el gobernador nombrado por Washington. Esto lo había logrado ya el Partido Nacionalista en 1932, y había que preservarlo: «El nacionalismo ha arrancado al gobernador el control de las elecciones y lo ha puesto otra vez en manos portorriqueñas. Esa es la razón de la persecución oficial contra nuestro movimiento político».

Por todos los municipios de Puerto Rico, Albizu promovió que las representaciones del Partido Nacionalista actuaran coordinadamente con los comités socialistas locales, en su mayoría anticapitalistas, para garantizar un proceso electoral genuinamente en manos de los puertorriqueños. Nacionalización y socialización del proceso electoral. Tal era la estrategia.

¿Cómo detener a Albizu y su programa electoral revolucionario? El imperio necesitaba a alguien que conociera a fondo los procesos electorales en las colonias y que dominara el arte de destruirlos. Esa persona existía y se llamaba Blanton Winship. Pocos militares estadounidenses conocían mejor la historia electoral de Puerto Rico, incluidas las desavenencias y alianzas entre los partidos coloniales. En 1931, en particular, Winship fue abogado consultor de Eduardo Saldaña, superintendente de la Junta Insular de Elecciones de Puerto Rico. Ello lo llevó a actuar de asesor jurista en el caso Barceló v. Saldaña (54 F.2d 852), litigio que afectó la dinámica electoral en la colonia por años venideros.

Se dice que Winship arribó a Puerto Rico en febrero de 1934. Pero esto es cierto solo en términos de su presencia física en nuestro archipiélago. Su intervención en los asuntos de la isla, en particular los electorales, comenzó mucho antes. El imperio le temía al potencial de la estrategia electoral revolucionaria de Pedro Albizu Campos. Sabía que don Pedro aspiraba a sanear los procesos electorales. Ese es el verdadero significado del nombramiento de Winship para gobernador. Para el asesinato de nacionalistas, estaba desde 1933 en Puerto Rico el coronel Elisha Riggs.

Años después, ya confrontando las acusaciones de un gran jurado federal, Albizu habría de recordar la «ira ciega» con que reaccionó el imperio en 1932 ante la osadía nacionalista de arrebatarle al gobernador el poder absoluto sobre los resultados electorales. Y allí, en la corte federal, mirando de frente a los fiscales, reafirmó su creencia en la vía electoral pacífica como uno de los medios fundamentales para alcanzar la independencia. No descartaba otras formas de lucha, pero consideraba la lucha electoral pacífica como un camino a agotar. La violencia la escogió y la impuso el imperio: «Celebraremos una convención constituyente para establecer un gobierno. Lo haremos tan pronto como tengamos una mayoría por el procedimiento electoral», declaró bajo juramento don Pedro.

El 12 de mayo de 1930, al ser elegido presidente del Partido Nacionalista, Albizu prometió que bajo su liderato la organización no entraría «en arreglos, entendidos, alianzas o pactos de ninguna clase con ningún otro partido político a base de la división del presupuesto porque esa práctica es corruptora de la moral pública». En eso no cedió. En su mente siempre existió la idea de otra alianza, de otro entendido muy diferente al oficial, concretamente, de una alianza de principios entre todos los sectores boricuas opuestos a la dominación del imperio y al abuso capitalista.

Albizu fue un defensor consecuente de los derechos electorales de todos los puertorriqueños. Su estrategia era la concertación de un gran junte revolucionario para acabar, de una vez por todas, con la corrupta alianza de los partidos coloniales serviles al imperio. Una alianza final que abriera un nuevo camino para nuestro pueblo. Una alianza para acabar con todas las alianzas destructoras de nuestra nacionalidad.

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