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Urge proteger la democracia participativa

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La decisión de excluir candidatos de la oposición política con el lóbrego manto de un tecnicismo legal es muestra de freno a la democracia participativa en Puerto Rico, escribe Manuel Rivera

La aprobación de una ley para la prohibición de las alianzas electorales o las candidaturas coligadas, al igual, que la decisión de excluir candidatos de la oposición política con el lóbrego manto de un tecnicismo legal, son muestra de freno a la democracia participativa en Puerto Rico, escribe Manuel Rivera. (tonito.zayas@gfmedia.com)

Enviado por Oscar Pintado

MANUEL RIVERAArrow Icon

Abogado en Washington

En Puerto Rico se critican a líderes de países como Venezuela, Rusia y naciones africanas, entre otros, quienes, en sus ansias de alcanzar el poder político, como si fuera una fortuna, han terminado como verdugos, consumidos en sus propias ambiciones.

Mientras, nos gusta decir que en nuestra sociedad garantizamos la igualdad ante la ley, pero tal expresión parece hoy día estar muy lejos de la verdad, si analizamos nuestro acontecer nacional de la política puertorriqueña.

Hoy, aunque tenemos instituciones que velan por los derechos y el bienestar de todos, vemos una merma en los esfuerzos en esa dirección. La situación genera profundas preocupaciones.

En el caso de la legisladora Mariana Nogales Molinelli, acusada junto a su madre de 49 cargos criminales, hubo tres vistas judiciales, pero todos los cargos se fueron desestimando paulatinamente, destaca Manuel Rivera. (Xavier Araújo)

Los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista (PPD) y (PNP), las dos entidades de mayoría en las ramas políticas, parecen utilizar su poder institucional para obstaculizar los esfuerzos electorales de la oposición política y desprestigiar candidatos de esas colectividades. Si un tren de conducta en esa dirección persiste, entonces terminaremos con una deficiencia en la democracia puertorriqueña.

Tomemos el ejemplo del caso reciente incoado contra la legisladora Mariana Nogales Molinelli, acusada junto a su madre de 49 cargos criminales. Hubo tres vistas judiciales, pero todos los cargos se fueron desestimando paulatinamente. En este asunto la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) fracasó en presentar siquiera una scintilla de evidencia, el destello o matiz de prueba necesaria para establecer causa.

El que los abogados de la Opfei hayan presentado este caso -que anunciaron con gran fanfarria- sin tener la mínima prueba, raya en la irresponsabilidad de quienes aprobaron llevar esas acusaciones.

El Ministerio Público tiene la obligación moral de preservar su credibilidad y debe iniciar una investigación para determinar si hubo aquí motivaciones políticas, como parece ser el caso.

La única defensa que podría cobijar a los abogados de la OPFEI sería la falta de pericia legal con la cual contaban. Eso sería una admisión de que a la vez fueron incompetentes como profesionales del derecho cuando determinaron que tenían pruebas para presentar las acusaciones ante la justicia del país.

De ser así, el fisco debería rembolsar los honorarios de abogados y gastos incurridos por la OPFEI por presentar un pliego acusatorio con todas las características de un caso fatulo y político.

Sin embargo, el caso de Nogales no es uno aislado. La aprobación de una ley para la prohibición de las alianzas electorales o las candidaturas coligadas, al igual, que la decisión de excluir candidatos de la oposición política con el lóbrego manto de un tecnicismo legal, son muestra de freno a la democracia participativa en Puerto Rico.

La legislatura aprueba las leyes y el ejecutivo las implementa por medio de sus agencias. La Comisión Estatal de Elecciones indicó que los candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana cumplían con los requisitos. Eso es todo. Sin embargo, recién una decisión judicial descalificó a un grupo de candidatos del referido partido.

Pienso que la única esperanza que queda en el país para preservar la democracia participativa es la Corte Suprema de Puerto Rico. Ese foro debería imitar al Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Trump v. Anderson, en el que permitió al expresidente estar en la boleta de primaria en Colorado para preservar la democracia electoral de Estados Unidos.

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