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Valencia: Galmed en lucha

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Desde hace varios meses, los trabajadores de ThyssenKrupp Galmed se han estado movilizando para evitar el cierre de su planta de Port de Sagunt, después de que en noviembre la empresa declarase abiertamente su intención de cerrar esa planta. ¿Cómo se ha llegado hasta este punto? ¿Por qué cerrar una planta que está generando 4 millones de euros para la empresa?

5 de junio de 2024/en DestacadosMovimiento Obrero/por Pablo Samaniego

Origen de Galmed: la industria del acero

La planta de Galmed está especializada en el proceso de galvanización del acero (que protege al metal de la oxidación) y se encuentra en una zona de gran tradición siderúrgica, Puerto de Sagunto. Su trabajo se enfoca hacia la industria del automóvil, a quien venden ese acero galvanizado para la fabricación de coches. Los trabajadores calculan que con la producción de Galmed se genera material como para fabricar medio millón de coches.

En su origen Galmed se creó con la inversión de una empresa pública, ENSIDESA, junto con otras dos empresas extranjeras: Arbed y Thyssen. ENSIDESA tenía el 51% de las participaciones y cada una de las otras 2 empresas tenían un 24.5%. Por tanto, a la hora de crear la compleja infraestructura que requiere una industria de este tipo, hubo una gran inversión de recursos públicos que, como en tantas ocasiones a lo largo de los gobiernos de Felipe González y Jose María Aznar, acabó siendo aprovechada por empresas privadas.

Privatizaciones: venta de grandes inversiones públicas a manos privadas a precio de saldo

En este caso, fue el gobierno de Jose María Aznar quien vendió la empresa pública. La idea era clara: desmontar las empresas públicas que no eran rentables y vender a empresas privadas las que sí lo eran; socializando las pérdidas y privatizando las ganancias.

La privatización de ENSIDESA pasó por varias fases, primero entrando en la Corporación Siderúrgica Integral, luego dando lugar a Aceralia y más tarde a Arcelor (actualmente ArcelorMittal). Dentro de ese proceso de privatización entró una de las empresas que también tenía participaciones en Galmed: Arbed. En 1997 Arbed compró el 35% de Aceralia y años después Aceralia y Arbed se fusionaron con una tercera empresa, Usinor.

La intervención de Arbed en la privatización dejaba a Galmed en una situación ‘ilegal’. Además de la participación del 24.5% que ya tenía sobre Galmed, Arbed pasaba también a poseer el 51% que correspondía a Aceralia (antigua ENSIDESA). Arbed ya era un gigante industrial y si se quedaba con Galmed hubiese tenido el monopolio sobre el proceso de galvanización del acero en toda la Unión Europea, lo que iba en contra de la legislación comunitaria. Por ello, toda esta situación dejaba a un único y gran beneficiario: ThyssenKrupp (Thyssen se había fusionado en 1999 con otra gran empresa siderúrgica, Krupp). No se le podía expulsar de la fusión y había que ofrecerle la posibilidad de comprar una empresa que, según la Ley burguesa, era obligatorio vender: una situación inmejorable para cualquier comprador.

En principio el precio de venta se acordó en 40 millones de euros, aunque se reconoció que esta cifra podía experimentar ajustes hasta un mínimo de 10 millones y medio.

Curiosamente, 2 años después de la venta de Galmed a ThyssenKrupp se incorporaron otros 10 países a la UE. Con la ampliación de fronteras, ya no se hubiese podido considerar que Arbed tuviese el monopolio de galvanización del acero en la UE y no habría existido la obligación de vender Galmed.

Primer cierre y la marea naranja

Sólo la nacionalización de la planta y su dirección por parte de los trabajadores puede garantizar el mantenimiento del empleo / OCR València

El proceso que siguió después refleja muy bien los límites de la globalización. Las distintas fases de la producción industrial se van concentrando en cada vez menos monopolios que superan los límites de cualquier mercado nacional. Estas empresas transnacionales y multinacionales buscan ‘seguridad jurídica’ (lo que significa ni más ni menos que el entramado legal de los países donde operan les sea favorable) y el máximo beneficio, trasladando la producción de un país a otro en busca de salarios más bajos o, como en el caso de Galmed, ante la amenaza del acero barato procedente de China, la industria siderúrgica europea previó una bajada de la demanda y ThyssenKrupp decidió retirar la producción de Galmed para concentrarla en Alemania; recortando gastos en todo el proceso con el despido de más de 100 trabajadores, sin tener la necesidad de amortizar la inversión en una infraestructura que había comprado a precio de saldo. Así, a pesar de que había compradores interesados en la planta, ThyssenKrupp la cerró en 2013.

Desde que se supo la intención de la empresa, se despertó un movimiento de protesta contra el cierre, conocido como “marea naranja”, llegando a concentrar manifestaciones de 4.000 personas días antes del cierre definitivo de la empresa. Se calcula que Galmed tenía 165 trabajadores directos, más otras 1.000 personas que tenían un trabajo que dependía de la empresa. A pesar de estos esfuerzos, ThyssenKrupp mantuvo su decisión de cierre.

Finalmente, tan sólo 3 años después de ese cierre, ThyssenKrupp comprueba que con las plantas que tiene abiertas no tiene capacidad suficiente para absorber toda la demanda que recibe, volviendo a abrir Galmed en 2017 con la mitad de trabajadores.

Ahora, 11 años después de ese primer cierre, la historia se vuelve a repetir con los mismos motivos. La amenaza de que el mercado chino absorba más demanda es como una espada de Damocles que sigue estando encima de la industria siderúrgica europea y, a pesar de que Galmed obtuvo un beneficio de 4 millones de euros en 2023, ThyssenKrupp quiere volver a usar el recorte de gastos y la deslocalización para hacer frente a esta amenaza. En esta ocasión, tampoco tiene ninguna intención de vender.

Estos vaivenes de ventas, cierres y nuevas aperturas nos muestran cómo la vida de los trabajadores está sometida a los intereses privados de consejos de administración que buscan maximizar sus ganancias, y también, y mucho más importante, que no se puede controlar lo que no se posee. La solución, antes y ahora, pasa por la expropiación de la planta para garantizar los puestos de trabajo.

La empresa ha rentabilizado sobradamente la inversión que hizo en su momento, por lo que el estado debería de expropiar sin indemnización y poner la planta bajo control de los trabajadores: No es necesario ningún gestor puesto desde arriba para hacerla funcionar; si los consejos de administración eligen a los jefes de planta sin poner un pie sobre el terreno, una asamblea de trabajadores sabe mejor que nadie a quién poner en cada puesto de responsabilidad, y revocarle si no realiza su función como se espera.

Estamos hablando de unos 120 trabajadores directos y 400 indirectos, y de un impacto medioambiental que supone una inversión millonaria para desmontar la infraestructura y descontaminar la tierra, inversión que vendrá del mismo bolsillo del que salió la planta: el de los trabajadores.

Otra cuestión destacable es que, a pesar de que la Conselleria ha ofrecido una ayuda a la empresa (fácilmente identificable a través de su portal web, que consiste en una financiación a costa del resto de trabajadores valencianos, y en peores condiciones que la media del mercado) esta tampoco es ninguna solución; si la empresa hubiese aceptado, siempre se estaría bajo el chantaje patronal: “Dadnos más dinero público o nos vamos”. Si de todas formas vamos a pagar entre todos el funcionamiento de una fábrica ¿no será más barato y seguro a largo plazo obtener el total control asegurando su propiedad pública?

Insistimos: sólo la nacionalización de la planta sin indemnización y su dirección por parte de los trabajadores puede garantizar el mantenimiento del empleo en una producción planificada y ajustada a las necesidades de la sociedad.

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