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Vea quién manda en Puerto Rico: JCF (entidad extranjera) levanta bandera por medidas con alto impacto fiscal

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Entre las medidas se encuentra el PS 644, al que los legisladores pasaron por alto el veto del gobernador

La carta firmada por Robert F. Mujica fue enviada al gobernador Pedro Pierluisi y a los presidentes legislativos José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández. >Peter Amador Rivera / EL VOCEROPeter Amador Rivera / EL VOCERO

Wilmarielys Agosto, El Vocero

La Junta de Control Fiscal (JCF) levantó bandera por ocho medidas que fueron avaladas en la Legislatura durante el último día para aprobar medidas. Según el ente, estas piezas legislativas tienen un notable impacto fiscal que podría obstaculizar el progreso económico que la isla ha tenido en los pasados años.

En una misiva enviada al gobernador Pedro Pierluisi y a los presidentes legislativos José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, la JCF resaltó las razones por las que no avalan la aprobación de los proyectos.

“El alcance de estos proyectos de ley incluye beneficios de pensiones definidas, créditos y beneficios fiscales y muchos otros que fueron aprobados sin tener en cuenta sus costos estimados. Muchos proyectos de ley fueron incluso aprobados sin ninguna evaluación previa sobre su impacto potencial”, indica la carta firmada por el director ejecutivo, Robert F. Mujica.

“La Junta de Supervisión entiende que el costo agregado potencial de estos proyectos de ley es de hasta aproximadamente $852 millones para el año fiscal 2025 y al menos $6 mil millones durante los próximos 20 años. Tales costos podrían resultar en un presupuesto desequilibrado para los presupuestos actuales y futuros”, lee la misiva.

Entre las piezas legislativas se encuentra el Proyecto del Senado (PS) 644, que inicialmente había obtenido el veto expreso del gobernador. Sin embargo, los legisladores pasaron por alto esa determinación y lo avalaron. La pieza legislativa busca otorgarle a más de 100 cooperativas una partida de dinero que asciende a $300 millones.

El PS 1308 tiene como fin modificar el retiro de empleados públicos bajo la Ley del Sistema (Ley 447-1951) al agregar alguaciles judiciales al grupo de trabajadores de alto riesgo y reduciendo la carga de múltiples solicitudes de exención para solicitar una fecha de jubilación extendida.

Asimismo, la junta dijo que el PS 1453 propone aumentar un crédito fiscal reembolsable a personas mayores, de bajos ingresos contribuyentes del impuesto sobre la renta. Para personas de 65 años o más cuyos ingresos brutos anuales no excedan $15,000, el crédito fiscal aumentaría de $400 a $500. Para pensionados cuya fuente de ingresos es una pensión que no supera los $4,800 anuales, el crédito fiscal aumentaría de $300 a $400.

En este listado también se incluyó el Proyecto de la Cámara (PC) 1988, que busca “conceder el pago de un bono de Navidad de $600 para los maestros pensionados y beneficiarios del Sistema de Retiro para Maestros”.

Del mismo modo, el PC 1915 propone eximir a ciertas empresas de la obtención de un certificado de cumplimiento acreditando que cumplen con los criterios para obtener un decreto de exención contributiva bajo la Ley 60-2019.

Lo mismo con el PC 2071, que tiene como fin crear la “Ley de Ajuste Razonable al Retiro de los Bomberos”, al modificar el Reglamento de Facturación y Cobro de la Oficina de Bomberos, imponiendo un recargo en alquileres a corto plazo para una certificación de prevención de incendios y creación de una licencia de bombero fideicomiso de pensiones para garantizar una pensión del 50% de su salario al jubilarse.

Asimismo, el PC 2038 busca crear la “Ley para Proteger el Poder Adquisitivo de las Pensiones de los Empleados Públicos Jubilados del Gobierno de Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas y Municipios” y de esta forma asegurar el poder adquisitivo de las pensiones en los años venideros.

La última pieza legislativa incluida en este grupo es el PC 1747 que, según la JCF, “busca enmendar la Sección 1033.18 del Código de Rentas Internas de 2011 para otorgar una exención del impuesto sobre la renta sobre el monto total de los pagos de pensiones militares recibidos por veteranos y retirados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que residen en Puerto Rico”.

El ente fiscal coincidió que para estas ocho medidas la Legislatura no explicó cómo el gobierno iba a sufragar estos gastos sin afectar las finanzas para el próximo año fiscal.

“Este patrón de gasto fuera del proceso presupuestario regresa a Puerto Rico a las prácticas de gasto que llevó a la quiebra y la promulgación de PROMESA. A la Junta de Supervisión le preocupa que el proceso formal actual para desarrollar el Commonwealth y otros presupuestos está roto y carece de un procedimiento disciplinado que permita la responsabilidad fiscal”, dice la carta con fecha del 27 de junio.

No le causa sorpresa

Para el representante y presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, Jesús Santa, la carta no le causa sorpresa, puesto que sabía que algunos proyectos iban a tener algún impacto fiscal.

“En mi parte sí (lo esperaba), y si oyen las grabaciones de los ‘markups’ que yo hacía, planteaba que eran proyectos que, aunque había una razón social o lógica de hacer, tenían cierto impacto económico. Yo siempre me cuidé de que el impacto fuera lo menor posible, pero que había que discutirlo con la junta y que era otro proceso que había que hacer con ellos”, expresó a EL VOCERO.

No obstante, destacó que están conscientes del planteamiento del ente fiscal y que ellos piensan que “si se aprueba ese tipo de medida, pues entonces vamos a caer en lo que es un desbalance, porque no va a haber recursos, para ellos”.

Mencionó que desde la comisión que dirige, se enfocó en que los impactos fiscales de los proyectos que recibió en su Comisión fueran mínimos, de unos siete hasta diez millones de dólares porque a su “entender hay margen para manejar ese impacto, claro $200 millones son otros 20 pesos”.

Santa recordó que hay algunos proyectos que están en comité de conferencia y luego de esta misiva podrían enmendarlos antes de que culmine la sesión. Asimismo, planteó que los que ya están encaminados a la oficina del gobernador se exponen a que el ejecutivo los vete o les de paso aun sabiendo la postura de la JCF.

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